A mediados de junio de 2005, Carlos Rovira firmó un decreto como gobernador que ordenó la destrucción de las documentales archivadas en la Jefatura de Policía. El comisario Gabriel era Jefe de Policía. Un año después, cuando la Justicia Federal comenzó a investigar los juicio de lesa humanidad en Misiones (entre ellos a la Policía), no había más papeles que documenten las funciones de los oficiales y suboficiales en la época dura de la represión. Un decreto polémico y sospechoso que se ventiló en el juicio a cuatro ex policías y un médico de la Dictadura.
Rubén "Carozo" Gabriel, el comisario Amalvy, un oficial de rango y el médico Mendoza, en 1976, en Jefatura.
Posadas. Las primeras audiencias del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Misiones, donde son juzgados cinco ex miembros de la Policía provincial, reveló un dato político e institucional que disparó una sensible interna entre los ex presos políticos que son funcionarios y militantes del Gobierno de la Renovación.
En pleno juicio oral y público, se conoció que un decreto gubernamental ordenó la quema de todos los archivos en la Jefatura de Policía, principalmente los sumarios y documentos que registraban gran parte de la historia de “mano dura” que aplicó la Policía misionera, desde marzo de 1976 y hasta que se extendió la Dictadura.
“…Tras minuciosa compulsa y revisión en el archivo de esta dependencia no se ha podido establecer identidad, nómina, revista y último domicilio de oficiales y suboficiales que prestaron servicio policial en Jardín América, desde octubre de 1976, en razón de que conforme al Decreto Provincial Nº 897/2005, los archivos han sido incinerados, obrando únicamente registros desde el año 2000”.
Esa respuesta, polémica e indiscreta para una franja del Gobierno, fue enviada por un alto mando de la Unidad Regional de Jardín América, a los jueces del Tribunal Oral Federal que juzgan a los ex policías Carlos Omar Herrero, Felipe Nicolás Giménez, Julio Argentino Amarilla, Carlos Alberto Pombo y al ex médico de la fuerza, Guillermo Roque Mendoza, acusados de varios hechos de “torturas” y “privación ilegítima de la libertad”.
El decreto 897/2005 fue firmado por el entonces gobernador Carlos Eduardo Rovira, el 17 de junio de 2005; y rubricado por su ex ministro de Gobierno, Miguel Angel Iturrieta.
Curiosamente, el instrumento fue decretado cuando el comisario general Rubén Oscar Gabriel, más conocido como “Carozo”, estaba a cargo de la Jefatura de Policía de Misiones, que ejerció hasta el final del segundo mandato de su amigo incondicional, Carlos Rovira.
Revelaciones que molestan.
El Decreto 897/2005 de Rovira sobrevoló varias veces la Sala del Tribunal Federal posadeño de la calle Félix de Azara 2170, donde los jueces subrogantes Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte, de la Justicia federal de Formosa, y Norberto Rubén Giménez, de Resistencia, escuchan los más de 120 testimonios programados, para un juicio que demandará varias audiencias.
Principalmente en las butacas que ocupan los ex presos políticos, funcionarios de la Renovación y familiares de desaparecidos y víctimas del proceso.
No es para menos. El Decreto de Rovira, para mucho de los asistentes, y para los abogados defensores de los policías enjuiciados, denota una connotación exclusivamente política.
“Ese decreto apunta a favorecer a un sector de la Plana Mayor de la Policía de Misiones de aquel entonces, que los mismos, a pesar de estar vivos a la fecha, no han sido citados a declarar o bien ser llamados al juicio para que aporten sus testimonios a contribuir con el valor de la verdad, la memoria y el nunca más”, enfatizó César Edgardo Ortellado, abogado defensor del médico Mendoza.
La sospecha de Ortellado, sobre la supuesta “mano de impunidad” que habría ejercido Rovira, ordenando la quema de los archivos policiales, se recuesta en un análisis de situación que salpica al ex Jefe Gabriel.
El propio Ortellado, en pleno audiencia, le mostró una foto a uno de las víctimas, con data del ´76, donde aparecen Carozo Gabriel (alto y delgado) y el médico Mendoza, posando junto al comisario Alberto Amalvy, considerado por la historia como uno de los jefes más crueles de la represión en Misiones, cuando el ministro de Gobierno era el Coronel Luis Alberto Sarmiento.
“Para torturarnos nos encapuchaban, pero hay uno que vi, era flaco, alto y con voz gruesa…”, recordó la víctima, provocando un murmullo tenso en el recinto.
Gabriel, en esos años de plomo, era un oficial de la Dirección de Investigaciones y “asistente personal” de Amalvy (quien falleció en agosto del 94), al estar de las declaraciones de los acusados Norberto Giménez y el médico Mendoza, que en esos tiempos eran camaradas del ahora ex Jefe de Policía de Rovira.
¿Impunidad premeditada o Justicia selectiva?
Durante el juicio, en el cruce de reproches por la valoración de las pruebas en debate, el abogado César Edgardo Ortellado tuvo una crítica vehemente al polémico decreto de Rovira, que no expresaron –al menos en público- una decena de víctimas de la Dictadura, que ahora ocupan cargos en el Gobierno Renovador o militan en Organizaciones de Derechos Humanos.
“El Decreto 897/2005 fue el instrumento jurídico que favoreció a la impunidad de los funcionarios policiales que por haber desarrollado su simple función de policías funcionarios deben aportar sus testimonios, contribuir al esclarecimiento de la verdad, la memoria y el tan publicitado nunca más”, reclamó Ortellado ante los jueces del Tribunal.
Hay datos reveladores, que emergen del juicio y que descubren o insinúan que un sector político del Frente Renovador no hizo más que “alterar la verdad”, cuando mandó a quemar los archivos de la Policía misionera, sin percatarse –quizás- del valor de los documentos que se habían redactado en los años de la Dictadura.
En 2006, un año después de la destrucción de las valiosas documentaciones para los Juicios de la Verdad, la Justicia Federal de Posadas, comenzó a investigar decenas de causas por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos en el Departamento de Informaciones, el destacamento policial conocido como Casita de Mártires y la Casita del Rowing, todos centros clandestinos de detención dependientes de la Policía de Misiones.
Rubén "Carozo" Gabriel, el comisario Amalvy, un oficial de rango y el médico Mendoza, en 1976, en Jefatura.
Posadas. Las primeras audiencias del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Misiones, donde son juzgados cinco ex miembros de la Policía provincial, reveló un dato político e institucional que disparó una sensible interna entre los ex presos políticos que son funcionarios y militantes del Gobierno de la Renovación.
En pleno juicio oral y público, se conoció que un decreto gubernamental ordenó la quema de todos los archivos en la Jefatura de Policía, principalmente los sumarios y documentos que registraban gran parte de la historia de “mano dura” que aplicó la Policía misionera, desde marzo de 1976 y hasta que se extendió la Dictadura.
“…Tras minuciosa compulsa y revisión en el archivo de esta dependencia no se ha podido establecer identidad, nómina, revista y último domicilio de oficiales y suboficiales que prestaron servicio policial en Jardín América, desde octubre de 1976, en razón de que conforme al Decreto Provincial Nº 897/2005, los archivos han sido incinerados, obrando únicamente registros desde el año 2000”.
Esa respuesta, polémica e indiscreta para una franja del Gobierno, fue enviada por un alto mando de la Unidad Regional de Jardín América, a los jueces del Tribunal Oral Federal que juzgan a los ex policías Carlos Omar Herrero, Felipe Nicolás Giménez, Julio Argentino Amarilla, Carlos Alberto Pombo y al ex médico de la fuerza, Guillermo Roque Mendoza, acusados de varios hechos de “torturas” y “privación ilegítima de la libertad”.
El decreto 897/2005 fue firmado por el entonces gobernador Carlos Eduardo Rovira, el 17 de junio de 2005; y rubricado por su ex ministro de Gobierno, Miguel Angel Iturrieta.
Curiosamente, el instrumento fue decretado cuando el comisario general Rubén Oscar Gabriel, más conocido como “Carozo”, estaba a cargo de la Jefatura de Policía de Misiones, que ejerció hasta el final del segundo mandato de su amigo incondicional, Carlos Rovira.
Revelaciones que molestan.
El Decreto 897/2005 de Rovira sobrevoló varias veces la Sala del Tribunal Federal posadeño de la calle Félix de Azara 2170, donde los jueces subrogantes Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte, de la Justicia federal de Formosa, y Norberto Rubén Giménez, de Resistencia, escuchan los más de 120 testimonios programados, para un juicio que demandará varias audiencias.
Principalmente en las butacas que ocupan los ex presos políticos, funcionarios de la Renovación y familiares de desaparecidos y víctimas del proceso.
No es para menos. El Decreto de Rovira, para mucho de los asistentes, y para los abogados defensores de los policías enjuiciados, denota una connotación exclusivamente política.
“Ese decreto apunta a favorecer a un sector de la Plana Mayor de la Policía de Misiones de aquel entonces, que los mismos, a pesar de estar vivos a la fecha, no han sido citados a declarar o bien ser llamados al juicio para que aporten sus testimonios a contribuir con el valor de la verdad, la memoria y el nunca más”, enfatizó César Edgardo Ortellado, abogado defensor del médico Mendoza.
La sospecha de Ortellado, sobre la supuesta “mano de impunidad” que habría ejercido Rovira, ordenando la quema de los archivos policiales, se recuesta en un análisis de situación que salpica al ex Jefe Gabriel.
El propio Ortellado, en pleno audiencia, le mostró una foto a uno de las víctimas, con data del ´76, donde aparecen Carozo Gabriel (alto y delgado) y el médico Mendoza, posando junto al comisario Alberto Amalvy, considerado por la historia como uno de los jefes más crueles de la represión en Misiones, cuando el ministro de Gobierno era el Coronel Luis Alberto Sarmiento.
“Para torturarnos nos encapuchaban, pero hay uno que vi, era flaco, alto y con voz gruesa…”, recordó la víctima, provocando un murmullo tenso en el recinto.
Gabriel, en esos años de plomo, era un oficial de la Dirección de Investigaciones y “asistente personal” de Amalvy (quien falleció en agosto del 94), al estar de las declaraciones de los acusados Norberto Giménez y el médico Mendoza, que en esos tiempos eran camaradas del ahora ex Jefe de Policía de Rovira.
¿Impunidad premeditada o Justicia selectiva?
Durante el juicio, en el cruce de reproches por la valoración de las pruebas en debate, el abogado César Edgardo Ortellado tuvo una crítica vehemente al polémico decreto de Rovira, que no expresaron –al menos en público- una decena de víctimas de la Dictadura, que ahora ocupan cargos en el Gobierno Renovador o militan en Organizaciones de Derechos Humanos.
“El Decreto 897/2005 fue el instrumento jurídico que favoreció a la impunidad de los funcionarios policiales que por haber desarrollado su simple función de policías funcionarios deben aportar sus testimonios, contribuir al esclarecimiento de la verdad, la memoria y el tan publicitado nunca más”, reclamó Ortellado ante los jueces del Tribunal.
Hay datos reveladores, que emergen del juicio y que descubren o insinúan que un sector político del Frente Renovador no hizo más que “alterar la verdad”, cuando mandó a quemar los archivos de la Policía misionera, sin percatarse –quizás- del valor de los documentos que se habían redactado en los años de la Dictadura.
En 2006, un año después de la destrucción de las valiosas documentaciones para los Juicios de la Verdad, la Justicia Federal de Posadas, comenzó a investigar decenas de causas por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos en el Departamento de Informaciones, el destacamento policial conocido como Casita de Mártires y la Casita del Rowing, todos centros clandestinos de detención dependientes de la Policía de Misiones.
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