Amigo de Mendoza reveló que el médico examinaba a torturados

Juan Carlos Gualpa, colega y amigo del ex médico de la Policía, relató que Roque Mendoza le contó que examinaba a los presos políticos para ver “hasta cuánto aguantaban una tortura” con picana eléctrica.
Juan Carlos Gualpa, colega y amigo del ex médico de la Policía de Misiones durante la dictadura, relató que Roque Mendoza le contó que sus superiores “lo obligaban a examinar a los presos políticos para ver hasta cuánto aguantaban una tortura” con picana eléctrica. El profesional fue citado por la propia defensa del entonces jefe del área de Sanidad Policial, en la continuidad del cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Jefatura de Policía de Misiones.

Cuando parecía que la jornada iba a cerrar con pocos elementos aportados por declaraciones testimoniales, casi en su totalidad de médicos citados por la defensa del acusado Roque Mendoza, un testigo sorprendió al recinto al relatar una confidencia que le había expresado el imputado, con el que mantiene una relación de amistad.

Roque Mendoza es uno de los cinco ex policías acusados, por vejámenes y tormentos cometidos en Jefatura, junto a Felipe Giménez, Carlos Herrero, Julio Amarilla y Carlos Pombo. Los jueces Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte y Norberto Rubén Giménez, investigan crímenes en tres centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia durante el último gobierno de facto.

El último en comparecer ayer ante el tribunal Federal, fue el médico cirujano Juan Carlos Guelpa, quien narró que ya en democracia, Roque Mendoza le confesó que sus superiores de la Policía “lo obligaban a examinar a presos políticos para ver hasta cuánto aguantaban una tortura” con picana eléctrica.

El profesional, que se desempeña en el hospital de Fátima, manifestó que mantiene además una relación de amistad con Mendoza, desde la época en que ambos eran estudiantes universitarios en Córdoba.

El jefe del Comité de Bioética del Hospital Madariaga, José Zinovich fue el primer testigo en declarar, por parte de los citados por el abogado César Ortellado, defensor de Mendoza.

El acusado exhibió tarjetas personales de médicos que supuestamente se desempeñaron ad honorem durante el gobierno de facto, y su abogado expuso que entre ellos figuraba el de José Zinovich.

El funcionario negó haber pertenecido a la fuerza y añadió que en el período comprendido entre los años 1976 y 1979 se desempeñó en la Municipalidad de Posadas. Sí admitió haber conocido circunstancialmente a Mendoza.

La estrategia del abogado defensor César Ortellado también incluyó al doctor Manuel Ramos Matiauda, quien manifestó que trabajó junto al imputado dentro de sanidad policial.

El testigo relató que su función se limitaba a las guardias de ingreso de pacientes de emergencia y al control por ausentismo. El testigo ratificó que Sanidad Policial funcionó inicialmente en la Seccional Primera y luego la dependencia fue trasladada al edificio de Jefatura de Policía, sobre Santiago del Estero y Félix de Azara.

“Las autopsias en ese entonces estaban a cargo de Sanidad Policial”, reveló el actual médico judicial de Eldorado, Ramón Luis Rodríguez.

Rodríguez prestó sus servicios en la fuerza entre 1981 y 1996. El galeno precisó que se encargaba del control de ausentismo y estaba en la junta médica.

Sobre el perfil, estrictamente profesional de Mendoza tras la dictadura, amplió el médico Roberto Zarjanovich quien ingresó a la Policía en 1986 y actualmente sigue en la fuerza con el grado de comisario. “Él era el jefe”, selló.

(fuente :  http://colectivoepprosario.blogspot.com.es)

“En 1984 denuncié las torturas y ahora se está comprobando todo”

Lo dijo Graciela Franzen, en el juicio a cuatro policías y un médico acusados de secuestros y torturas durante la dictadura en Misiones. “Todos pueden ver cuál es la verdad”, aseguró

Hace 36 años fue secuestrada y torturada por ser parte de la Juventud Peronista. En Misiones su nombre se escuchó mucho, principalmente desde 1984, cuando ella realizó la denuncia que nunca prosperó por la Ley de Obediencia Debida y Punto Final. Se trata de María Graciela Franzen, quien está siguiendo de cerca el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Misiones, que se realiza con jueces subrogantes de Formosa y Chaco en el Juzgado Federal.
Franzen, luego de tantos años de lucha, asegura que está observando cómo todo lo que sufrió y denunció, se está mostrando en el debate. No sólo el mecanismo perverso de secuestro y torturas, sino también la actuación de los médicos policiales que, según dijo un testigo que asombró a todos, Juan Gualpa, uno de ellos “decía si los detenidos aguantaban o no más torturas”.
Fue esta declaración la que más descomprimió la carga de Franzen y también de las querellas, porque más allá de tratarse de un “comentario” que Gualpa aseguró que el médico acusado, Guillermo Mendoza, le hizo en 1994.
Mendoza, en su defensa, dijo ayer que le salvó la vida a Gualpa, al “hablar” con sus superiores para que lo liberen cuando estuvo detenido por armas que eran de su propiedad, denotando el poder que tenía en esa época. Y aseguró que la conversación mencionada por Gualpa, nunca existió.

El caso 22
En el cuarto juicio se ventilan las privaciones ilegítimas de la libertad agravada y la aplicación de tormentos agravados a 62 personas. Los acusados son Carlos Omar Herrero (86), Felipe Nicolás Giménez (75), Guillermo Roque Mendoza (66), Julio Argentino Amarilla (65) y Carlos Alberto Pombo (63).
El caso 22 de este debate es el de Graciela Franzen, actual secretaria de Derechos Humanos de la CTA Misiones y representa a la Asociación Civil Por los Derechos y la Memoria de Misiones. Los que están acusados de privarla ilegítimamente de la libertad y de aplicarle tormentos son Herrero, Giménez y Amarilla. Mientras que el médico Mendoza está acusado (también en el caso 19 de Ricardo Escobar y en el 52 de Hugo Salinas) por privación ilegal de la libertad con abuso funcional o sin las formalidades legales, múltiplemente agravada por su comisión con violencias o amenazas y por haberse prolongado durante más de un mes.

 
El resumen del caso de Franzen indica que fue secuestrada el 19 de mayo de 1976 por un grupo de personas pertenecientes a las fuerzas conjuntas, quienes luego de vendarle los ojos la llevaron hasta un lugar cercano en el centro de la ciudad, donde cargaron elementos metálicos y, retomando el viaje salieron a la ruta, atravesando un camino de tierra. Cuando detuvieron la marcha del vehículo la hicieron descender y la arrojaron al pasto, en donde luego de desnudarla le aplicaron picana eléctrica. En las cercanías sintió el ruido de aviones, antes de entrar en un estado de semiconciencia.
Posteriormente regresaron a la zona urbana de Posadas pudiendo situarse la víctima en la calle Buenos Aires entre Santiago del Estero y Tucumán, ya que en un momento alcanzó a correrse la venda de sus ojos.

 
Allí fue nuevamente sometida a la tortura mediante la picana eléctrica y violada en reiteradas oportunidades por cinco hombres o más, pudiendo reconocer como autores de aquellos abusos al entonces oficial Juan Carlos Ríos y al suboficial Miguel Ángel Silvero. Según dijo, allí la asistió médicamente Guillermo Mendoza. Además alcanzó a individualizar como torturadores al oficial Giménez, entre otros que sindicó. 

 
Desde allí fue trasladada a la Alcaidía de Mujeres, donde fue atendida nuevamente por el médico Guillermo Mendoza, ya que se encontraba en muy malas condiciones físicas. Transcurrido un mes aproximadamente fue regresada al Departamento de Informaciones donde el oficial Ríos luego de manosearla y golpearla, le comunicó su puesta a disposición del PEN.
Estando en la Alcaidía de Mujeres, el 26 de julio de 1976 la trasladaron, encapuchada, vendada y esposada a la cárcel de Villa Devoto, donde permaneció dos años y un mes hasta que se exilió del país.

La búsqueda de la verdad
Siguiendo el debate de cerca, al igual que la investigación que se reactivó hace unos siete años, Graciela Franzen se sienta entre el público y lleva el apunte de todo lo que dicen los testigos e imputados.
A pesar de la tensión de los primeros días, con el correr de las audiencias se muestra más aliviada y hasta llegó a contar a El Territorio: “Me acuerdo que cuando Fernando Cantelli -ahora querellante en la causa- se recibió de abogado, nos reuníamos en la Comisión de Víctimas y soñábamos con que se haga justicia, con este momento, y ahora podemos verlo”.
Y agregó que “Es muy bueno que podamos ver el proceso y la paciencia que tiene el Tribunal a los abogados defensores, suspendiendo audiencias y esperando a los testigos de parte, ojalá a nosotros nos hubieran tenido algo de paciencia”.
Además, recordó los momentos más difíciles: “Una cosa es cuando te torturan a vos, pero cuando escuchabas a los otros era tremendo, la tortura psicológica era lo peor en los centros de detención”.
“Tus padres tendrían que darte la protección pero en ese momento no te protegía nadie”, agregó para ilustrar la exposición de ella y de su familia, ya que dos de sus hermanos y muchos de sus conocidos también fueron víctimas de la dictadura.
“En 1984 yo hice la denuncia en el juzgado de Posadas. Se comenzó la investigación e hicieron un expediente de 700  hojas que quedó ahí en nada porque salió la Ley de Obediencia Debida y Punto Final. Pero todo lo que denuncié ahí y lo que denuncié también ahora, se está viendo en el juicio. La verdad está saliendo a la luz”, aseguró Graciela con una sonrisa, como sacándose una gran carga de encima.

El médico Mendoza negó haber hablado con Gualpa

El miércoles por la tarde declaró el médico Juan Gualpa, quien conocía a su colega Guillermo Mendoza de la Facultad de Medicina y porque el ahora acusado, una vez que cayó preso en la dictadura, lo ayudó a superar una detención  con los militares. De esta manera contó, al ser preguntado por Ortellado sobre las actividades de Mendoza en Sanidad Policial, que en el verano de 1984, cuya fecha exacta no sabía precisar, Mendoza fue a visitarlo a su casa y estuvo cerca de una semana junto a su familia.
Dijo que le preguntó a Mendoza por qué se fue de Sanidad Policial, y él le comentó que porque entre otras actividades “él les decía hasta cuánto aguantaban los torturados”. Asimismo, Gualpa aseguró que entendió, por cómo comentó el tema Mendoza, “que lo obligaban a hacerlo”.

 
En ese sentido, fue repreguntado por Ortellado sobre si se trataba de prácticas médicas y él dijo que sí, pero no era una revisión general, sino como un examen de signos vitales “para ver si aguanta o no. Pero a veces él le decía que no aguantaban más pero igual seguían con las torturas”.
Estos dichos generaron una reacción inmediata en Mendoza, quien quería hablar ante el Tribunal el mismo miércoles. Pero sus dichos fueron escuchados ayer por la mañana. En su descargo, Mendoza aseguró que él le salvó a Gualpa de seguir detenido durante el golpe militar, porque su compañero de estudios había caído preso por armas que eran de su propiedad y que fueron encontradas en poder de otras personas, algo considerado muy grave para las Fuerzas Armadas en ese tiempo.

 
Además negó categóricamente haber tenido tal conversación en 1984 con Gualpa y menos aún haber ido de visita una semana a la casa de éste en San Vicente, aduciendo que no era de ir de visita a otras casas con su familia.
Según describió Mendoza, la esposa de Gualpa fue a hablar con él cuando su colega fue detenido y entonces él personalmente fue a hablar con el juez federal Magno Pérez para que lo liberen, algo que ocurrió al poco tiempo.
Sobre esta declaración, el querellante Héctor Rafael Pereyra Pigerl, que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, consideró que la misma denota “un amplio poder” durante la dictadura, lo que a su entender puede “complicar aún más su situación”.

Torturas a mujeres y niños

María Leyes había declarado antes en otros juicios, pero esta vez se animó a revelar su propia historia. Fue abusada por policías y perdió un embarazo. Otra mujer relató que también fueron torturados sus hijos de 2, 4, 6 y 8 años     

Por primera vez en este cuarto juicio por delitos de lesa humanidad, una testigo narró la pérdida de su embarazo estando en manos de represores, en la última dictadura. María Leyes, quien al momento de ser detenida estaba embarazada, denunció, que tras ser violada por policías, padeció un aborto forzado en el Hospital. Además otro testimonio dio cuenta de una apropiación ilegal de una cabaña en Iguazú y denunciaron una indagatoria violenta a niños de entre 2 y 8 años.

En el anterior juicio no tuvo fuerzas para hacerlo. Ahora en cambio, en este nuevo debate, María Leyes soportó el mal que le provoca recordar la pérdida de su embarazo en pleno cautiverio, una crueldad que hasta el momento se conocía solamente en lo más profundo de la intimidad de esta mujer.

En octubre de 1976 una joven María, estudiante del colegio Santa María, tenía un embarazo cuyo tiempo de gestación no trascendió, y fue secuestrada para ser trasladada posteriormente a la Jefatura de Policía.

Una vez reducida en el tenebroso edificio de las calles Buenos Aires y Tucumán, la chica de 19 años fue salvajemente abusada sexualmente por efectivos del grupo de tareas de la dictadura.

Ya quebrada casi por completo, la mujer recordó ante el tribunal que tras el vejamen comenzó a sufrir pérdidas y posteriormente fue derivada al Hospital Madariaga donde perdió su embarazo.

Tortura psicológica a niños
Antes de ser detenida y llevada a la comisaría de Jardín América, en pleno día de la madre, Lourdes Langer ya comenzó a padecer de la peor manera al ver cómo sus pequeños hijos eran indagados violentamente por los policías.

“A mis hijos que entonces tenían 2, 4, 6 y 8 años le preguntaban por las armas, adónde las ocultábamos supuestamente”, relató Langer.

A su turno, la testigo Ana María Macchi contó que fue privada de su libertad, en circunstancias en que trabajaba en el Parque Nacional Iguazú. Junto a una pareja, Ana María fue detenida y llevada de la cabaña que habitaba.

Estando con los ojos vendados, y tras varias sesiones de tortura en el departamento de información, la mujer fue obligada a firmar la sesión de la cabaña, ubicada a la vera del río Iguazú.

El tribunal solicitó a la fiscalía investigar, además de ambas denuncias, las detenciones de un sacerdote denominado “tercermundista” en la Jefatura como así también la de una mujer embarazada que aún permanece desaparecida.

“Era una abogada paraguaya, estaba con unos meses de embarazo y recuerdo que caminaba todas las noches por los pasillos de la Policía”, relató Macchi.

Además de Langer, Leyes y Macchi, declararon ante el tribunal federal Juana Hidalgo, José Leiva, José López y Luis Olmos. Son juzgados por crímenes de lesa humanidad, cometidos en la Jefatura de policía, Felipe Giménez, Carlos Herrero, Julio Amarilla, Carlos Pombo y el ex médico Roque Mendoza.

32 testigos ya declararon y se abren nuevas investigaciones

Ocho testigos sumaron sus relatos al cuarto juicio por lesa humanidad en Misiones, en este caso por la causa contra los ex policías Felipe Giménez, Carlos Herrero, Julio Amarilla, Carlos Pombo y Roque Mendoza.

Gladys Claver Gallino, entonces esposa del desaparecido Carlos Pérez Rueda, relató que en la última dictadura fue secuestrada junto a sus dos hijitas, una de ellas de 9 meses, de las cuales no se supo nada al menos por cuatro días, hasta que fueron devueltas a familiares de la mujer. La investigación por el padecimiento de las menores entrarán en etapa de instrucción, al igual que el caso de “Puchi”, cuya madre estaba detenida y por ello la beba de 9 meses estuvo al cuidado de varias presas en la seccional 2ª de Policía.

Ayer comparecieron, en el Tribunal Oral Federal de Posadas, Hugo Salinas, Norma Yanset, Carlos Bajura, Hipólito Benítez, Gladys Claver Gallino, Pedro Ávalos, Hilarión Barrios y Julio Hippler.

El padecimiento de los niños en el proceso
Gladys Beatriz Claver Gallino fue llevada por las fuerzas, desde su casa, junto a sus dos hijitas el 22 de octubre de 1976.

“Con 27 años me llevaron al departamento de información y perdí contacto con mis hijas. Recién a los cuatro días, y porque desde la plana mayor del Ejército llegó una orden, me devolvieron a mis hijas pero automáticamente se las di a mis padres porque yo tuve que seguir detenida”, recordó la mujer.

En esa circunstancia, la entonces esposa del desaparecido Carlos Pérez Rueda, tuvo un contacto con Felipe Giménez.

“Pasé detenida ocho navidades y me liberaron el 27 de diciembre de 1983”.

“Hoy Puchy puede contarlo”

María, quien declaró el último lunes y es la hermana del recordado teniente fallecido en Malvinas Roberto Estévez, fue una de las detenidas que cuidaron y alimentaron a una beba de 9 meses, es que su madre Ester Cabral también estaba secuestrada en otro centro clandestino del país. En cautiverio la niña fue bautizada como “Puchi”.

“Afortunadamente esta niña después de un tiempo se reencontró con su mamá y hoy es una profesional en España”, dijo con emoción Estévez.

La semana que viene, lunes y martes respectivamente, continuará el debate por la causa que se le sigue a los cinco ex policías, por los vejámenes y torturas perpetrados en la jefatura de Policía, en tiempos de plomo.

El otro momento de mayor angustia en el recinto se vivió con el relato de Julio Hippler, quien siendo un joven padre de 27 años fue detenido y trasladado primeramente a informaciones.

“Tuve tanta sed y en el cuarto día no aguanté más y tuve que tomar agua del inodoro”, narró.

Julio es hermano de Anselmo y Valdimiro Hippler quienes también fueron detenidos. El primero fue asesinado y el segundo continúa desaparecido.

En 2005, Rovira y Gabriel "quemaron" los archivos policiales de la Dictadura

A mediados de junio de 2005, Carlos Rovira firmó un decreto como gobernador que ordenó la destrucción de las documentales archivadas en la Jefatura de Policía. El comisario Gabriel era Jefe de Policía. Un año después, cuando la Justicia Federal comenzó a investigar los juicio de lesa humanidad en Misiones (entre ellos a la Policía), no había más papeles que documenten las funciones de los oficiales y suboficiales en la época dura de la represión. Un decreto polémico y sospechoso que se ventiló en el juicio a cuatro ex policías y un médico de la Dictadura.

Rubén "Carozo" Gabriel, el comisario Amalvy, un oficial de rango y el médico Mendoza, en 1976, en Jefatura.

Posadas. Las primeras audiencias del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Misiones, donde son juzgados cinco ex miembros de la Policía provincial, reveló un dato político e institucional que disparó una sensible interna entre los ex presos políticos que son funcionarios y militantes del Gobierno de la Renovación.

En pleno juicio oral y público, se conoció que un decreto gubernamental ordenó la quema de todos los archivos en la Jefatura de Policía, principalmente los sumarios y documentos que registraban gran parte de la historia de “mano dura” que aplicó la Policía misionera, desde marzo de 1976 y hasta que se extendió la Dictadura.

“…Tras minuciosa compulsa y revisión en el archivo de esta dependencia no se ha podido establecer identidad, nómina, revista y último domicilio de oficiales y suboficiales que prestaron servicio policial en Jardín América, desde octubre de 1976, en razón de que conforme al Decreto Provincial Nº 897/2005, los archivos han sido incinerados, obrando únicamente registros desde el año 2000”.

Esa respuesta, polémica e indiscreta para una franja del Gobierno, fue enviada por un alto mando de la Unidad Regional de Jardín América, a los jueces del Tribunal Oral Federal que juzgan a los ex policías Carlos Omar Herrero, Felipe Nicolás Giménez, Julio Argentino Amarilla, Carlos Alberto Pombo y al ex médico de la fuerza, Guillermo Roque Mendoza, acusados de varios hechos de “torturas” y “privación ilegítima de la libertad”.

El decreto 897/2005 fue firmado por el entonces gobernador Carlos Eduardo Rovira, el 17 de junio de 2005; y rubricado por su ex ministro de Gobierno, Miguel Angel Iturrieta.

Curiosamente, el instrumento fue decretado cuando el comisario general Rubén Oscar Gabriel, más conocido como “Carozo”, estaba a cargo de la Jefatura de Policía de Misiones, que ejerció hasta el final del segundo mandato de su amigo incondicional, Carlos Rovira.


Revelaciones que molestan.

El Decreto 897/2005 de Rovira sobrevoló varias veces la Sala del Tribunal Federal posadeño de la calle Félix de Azara 2170, donde los jueces subrogantes Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte, de la Justicia federal de Formosa, y Norberto Rubén Giménez, de Resistencia, escuchan los más de 120 testimonios programados, para un juicio que demandará varias audiencias.

Principalmente en las butacas que ocupan los ex presos políticos, funcionarios de la Renovación y familiares de desaparecidos y víctimas del proceso.

No es para menos. El Decreto de Rovira, para mucho de los asistentes, y para los abogados defensores de los policías enjuiciados, denota una connotación exclusivamente política.

“Ese decreto apunta a favorecer a un sector de la Plana Mayor de la Policía de Misiones de aquel entonces, que los mismos, a pesar de estar vivos a la fecha, no han sido citados a declarar o bien ser llamados al juicio para que aporten sus testimonios a contribuir con el valor de la verdad, la memoria y el nunca más”, enfatizó César Edgardo Ortellado, abogado defensor del médico Mendoza.

La sospecha de Ortellado, sobre la supuesta “mano de impunidad” que habría ejercido Rovira, ordenando la quema de los archivos policiales, se recuesta en un análisis de situación que salpica al ex Jefe Gabriel.

El propio Ortellado, en pleno audiencia, le mostró una foto a uno de las víctimas, con data del ´76, donde aparecen Carozo Gabriel (alto y delgado) y el médico Mendoza, posando junto al comisario Alberto Amalvy, considerado por la historia como uno de los jefes más crueles de la represión en Misiones, cuando el ministro de Gobierno era el Coronel Luis Alberto Sarmiento.
“Para torturarnos nos encapuchaban, pero hay uno que vi, era flaco, alto y con voz gruesa…”, recordó la víctima, provocando un murmullo tenso en el recinto.

Gabriel, en esos años de plomo, era un oficial de la Dirección de Investigaciones y “asistente personal” de Amalvy (quien falleció en agosto del 94), al estar de las declaraciones de los acusados Norberto Giménez y el médico Mendoza, que en esos tiempos eran camaradas del ahora ex Jefe de Policía de Rovira.


¿Impunidad premeditada o Justicia selectiva?

Durante el juicio, en el cruce de reproches por la valoración de las pruebas en debate, el abogado César Edgardo Ortellado tuvo una crítica vehemente al polémico decreto de Rovira, que no expresaron –al menos en público- una decena de víctimas de la Dictadura, que ahora ocupan cargos en el Gobierno Renovador o militan en Organizaciones de Derechos Humanos.

“El Decreto 897/2005 fue el instrumento jurídico que favoreció a la impunidad de los funcionarios policiales que por haber desarrollado su simple función de policías funcionarios deben aportar sus testimonios, contribuir al esclarecimiento de la verdad, la memoria y el tan publicitado nunca más”, reclamó Ortellado ante los jueces del Tribunal.

Hay datos reveladores, que emergen del juicio y que descubren o insinúan que un sector político del Frente Renovador no hizo más que “alterar la verdad”, cuando mandó a quemar los archivos de la Policía misionera, sin percatarse –quizás- del valor de los documentos que se habían redactado en los años de la Dictadura.

En 2006, un año después de la destrucción de las valiosas documentaciones para los Juicios de la Verdad, la Justicia Federal de Posadas, comenzó a investigar decenas de causas por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos en el Departamento de Informaciones, el destacamento policial conocido como Casita de Mártires y la Casita del Rowing, todos centros clandestinos de detención dependientes de la Policía de Misiones.

Continúan testimonios contundentes

 “Lo que nos interesa es que se haga Justicia y se conozca que es lo que paso” afirmó uno de los testigos

Continúan prestando declaración los testigos del Cuarto Juicio por delitos de Lesa Humanidad, en la jornada de hoy se esperan ocho testimonios más. El primero en declarar fue Juan Carlos Berens que pidió Justicia y reconoció que se enteró de muchas cosas en el Juicio que no se sabían en aquellos años y es importante que todo salga a la luz, por ello la importancia de este Juicio.

Juan Carlos Berens, victima de la dictadura y testigo del Juicio en Radio Libertad
Graciela Francen, victima de la dictadura y testigo del Juicio en Radio Libertad

Berens que en aquellos años contaba con solo 26 años, militaba en el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) y trabajaba en la zona de Montecarlo en los obrajes. Recordó que por su militancia en el año 1976 fue detenido por un grupo de operaciones de la comisaría de Montecarlo que fue a buscarlo al obraje. El fue trasladado hasta Candelaria el 7 de abril de ese año y en principios de septiembre fue trasladado a la dirección de Investigaciones de la Policía en Posadas donde lo torturaron.

El hombre contó que “siete noches consecutivas me picaneaban, me pegaban, para que haga más efecto la picana, mojaban donde me sentaba y me bajaban los pantalones, me preguntaban donde guardaba las armas el Padre José Trepac y que Fernández Domi y Pedro Peckzak eran Montoneros, donde nos refugiábamos, montón de cosas que yo desconocía, porque mi militancia era en el movimiento rural Cristiano y luego en el MAM, la tortura fue brava yo creí que no volvía a la calle, porque los compañeros que salían de la cárcel no volvían, yo fui la excepción porque salí de la cárcel de Candelaria y volví”.

Berens afirmó que no reconoce a ninguno de los que lo torturo durante esos días, porque estaba vendado solo recuerda a quien lo traslado de las cárceles, el Subcomisario Juan Carlos Ríos. Además aclaró que no guarda ningún rencor ni odio y lo único que pide es Justicia.

Por su parte Graciela Francen que presto declaración en la jornada de ayer, relató que “en este caso fue mucho más doloroso, porque cuando sufre toda la familia, realmente es muy terrible, aparte nos han desintegrado la familia, porque mi madre siempre me decía que no solo le mataron un hijo y encarcelaron a la hija durante mucho tiempo sino mis dos hermanas más que también fueron detenidas que tuvieron que irse de la provincia por la persecución que sufrían durante la dictadura y mi madre llegaba a la casa y no encontrar a los cuatro hijos era muy terrible, porque éramos una familia muy unida”.

La mujer recordó que su casa fue allanada en diciembre de 1975 cuando buscaban a mi hermano que era dirigente gremial y barrial, que no estaba en la casa ese día, luego en mayo fue allanada nuevamente mi casa y detienen a una de las hermanas que estaba llegando a la casa, luego detienen a la madre, el padre y la Graciela en sus respectivos trabajos, su hermano había sido detenido que vivía en Resistencia.

Lo más oscuro de la historia de Graciela es cuando recuerda que mientras torturaban a sus familiares hacían que los otros miembros de la familia escuchen y sufran al saber que su familiar era sometido a terribles flagelos. Graciela reconoce entre sus torturadores al doctor Mendoza que la atendió durante las torturas.

“Felipe Giménez y Julio Amarilla eran los más crueles”, dijo un testigo

Segundo Báez relató los vejámenes y tormentos cometidos en la Jefatura de Policía, en la última dictadura. El hombre, de 82 años, narró que fue detenido en mayo de 1976, en Jardín América.Posteriormente fue derivado al departamento de información de la fuerza, donde sufrió las peores torturas.

Calificó de “crueles” a Felipe Giménez y Julio Amarilla, que junto a Carlos Omar Herrero, Carlos Pombo y Roque Mendoza, son ex policías juzgados en el cuarto juicio por lesa humanidad en la provincia, que continuará la semana próxima, lunes y martes respectivamente.
En la continuidad del cuarto juicio por lesa humanidad en Misiones,  entre el martes y ayer prestaron sus testimonios los primeros 16 testigos citados en el cuarto juicio de estas características en Misiones. En esta oportunidad son juzgados cinco ex policías: Carlos Omar Herrero, Felipe Nicolás Giménez, Guillermo Roque Mendoza, Julio Argentino Amarilla y Carlos Alberto Pombo, todos integrantes de la cúpula de la policía de Misiones durante la dictadura militar.

A los ocho testimonios de ayer, se sumaron los relatos de Juan Carlos Berent, Pacacio Lima, Segundo Báez, Eugenio Dominico, Ángel Fleitas, Ricardo Cáceres y Mirta López.

El testigo Benito Aguirre no pudo asistir al debate. Segundo Báez contó ante el tribunal Federal que fue detenido en mayo de 1976, cuando volvía de un almacén en Jardín América. Posteriormente fue derivado al Penal de Candelaria y finalmente al departamento de información de la policía provincial.

“Ahí empezó lo peor”, recordó el hombre que actualmente tiene 82 años.“Me golpearon mucho y fui torturado. Una persona que se identificó como Nico, que trabajaba en el lugar, tuvo una buena relación conmigo y me contaba quiénes eran mis torturadores. Él me dijo que eran generalmente Giménez y Amarilla, los más puercos y crueles”.

Giménez negó la detención de Báez en el departamento de información. El momento de mayor tensión en el tribunal Federal se registró tras el testimonio de Báez. El acusado Felipe Giménez pidió la palabra y exhibió una nómina con identidades de personas detenidas, firmada por el entonces coronel del Ejército Juan Antonio Beltrametti, donde supuestamente no figuraba el nombre de Báez. “Este señor está fabulando, por dichos de un tercero dice que lo torturé y nunca estuvo detenido en el departamento de información”. 

Los centros clandestinos de detención en jefatura y el Penal de Candelaria, fueron un común denominador en los relatos de los 16 testigos.