jueves, 21 de junio de 2012

‘‘Muchas víctimas de la dictadura reclamaban lo mismo que hoy, piden los tareferos”.

La investigadora de la historia de Misiones (1976-1983) dijo que hay que avanzar en los Derechos Humanos que aún hoy no se respetan.
“Hay una falta de discusión política”, aseguró

Yolanda Urquiza es historiadora de la Unam y dejó bien en claro que su compromiso es con el presente. Es especialista en investigación y desde 2006 su vida profesional dio un giro, cuando comenzó a investigar junto a un grupo interdisciplinario la historia reciente de Misiones en el período de la dictadura, entre 1976 y 1983, realizando reconstrucciones históricas en base a documentaciones y más de 200 testimonios que han servido de base y prueba para seis juicios penales por delitos de Lesa Humanidad, uno de ellos en proceso y dos por realizarse. “La violencia y el terror que hubo en Misiones contradice el hecho de lo que decía de que 'acá no pasó nada, esta era una provincia tranquila'”, dijo Urquiza, quien contó que la pesquisa la hicieron con dinero de sus salarios.

Por eso dijo que hace falta analizar la historia de violencia y terror en la provincia, pero sin dejar de mirar los Derechos Humanos que hoy no se respetan y las luchas que vienen desde antes de la dictadura y que aún hoy continúan, como la de los trabajadores rurales.

“En realidad hay un gran porcentaje de la población para la cual la democracia tampoco ha significado un cambio muy importante en sus propias condiciones de vida y en sus expectativas de futuro”, aseguró Urquiza a El Territorio. En ese sentido, recordó la lucha de los tareferos por la mejora de condiciones laborales. También dio a conocer su postura sobre la arena política misionera: “Hay una falta de discusión política. Uno observa que hay mucha consigna, pero poca discusión”. 

¿Cuáles fueron tus motivaciones para investigar lo ocurrido durante la dictadura en Misiones?
Comencé a trabajar con el tema de la dictadura para colaborar con la familia de Alfredo González, el decano de la Unam desaparecido, cuando comenzaron los juicios por la verdad, que era el camino que encontraron las Asociaciones de Derechos Humanos para seguir haciendo esos planteos en el espacio público, de verdad y de justicia, aún cuando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final no le dejaron seguir y suspendieron los juicios penales. Y desde ahí realmente estoy tratando de desentrañar esa densa historia reciente, cargada de mucha violencia, que realmente contradice fuertemente a la propia realidad esa idea de que “acá no pasó nada, esta era una provincia tranquila”. Empecé con los testimonios escritos, con los archivos que existían aún en la casa de Gobierno, en el 2005-2006, y comenzamos a explorar los archivos documentales y después empezamos a trabajar con los testimonios de las víctimas. Ordenamos sistemáticamente todos los testimonios que se exponían en el contexto de los juicios por la verdad y después parte de esos propios testimonios se transformaron en las pruebas que acompañaron ya la implementación de los juicios.

¿Quiénes te acompañaron en ese camino?
Desde el punto de vista académico yo trabajé con tres becarias y con ellas pudimos completar tanto la etapa testimonial como la transcripción de los testimonios, aunque después siguieron sus caminos. Pero hay un equipo muy interesante que está formado por Fernando Canteli, que trabajé siempre con él, con Graciela Franzen y se sumó posteriormente Alicia Rivas. Somos un equipo interdisciplinario. El papel de Graciela fue muy importante porque ella trabajó con las víctimas. Era una persona a través de la cual uno podía acceder a las víctimas, registrar sus testimonios. Graciela fue la primera que presentó un pedido de juicio a miembros de la Policía provincial en el año 84, hace más de 30 años, para que estas denuncias estén ahora instaladas en la justicia, formando parte de un juicio. Pero en el camino quedaron muchas personas sin poder ver esta etapa de justicia. Y hay otras que ahora son juzgadas.

¿Cuántos testimonios recopilaron?
Nosotros habíamos hecho una base de datos bastante interesante, con más de 200 testimonios. Esos tienen distintos formatos, porque lo hicimos de acuerdo a nuestro tiempo y a nuestras posibilidades económicas, porque obviamente eso lo sostuvimos nosotros y lo seguimos sosteniendo con recursos de nuestro salario, concretamente. Trabajamos con mucho cuidado con las declaraciones de las personas, porque en realidad teníamos acceso a relatos que ni siquiera los familiares de las víctimas sabían. Se trata de memorias traumáticas que algunos intentaron reconstruir sus vidas cerrando alguna puerta. Aunque la historia nos demuestra que la memoria siempre te sorprende, en el sentido de que uno no puede olvidar, pero habían hecho ciertos silencios. Entonces trabajar toda esa memoria fue una experiencia compleja, muy interesante, pero compleja.

¿Cuáles son tus motivaciones para involucrarte en estas investigaciones de la historia reciente?
Yo vengo de una militancia política en el radicalismo, un partido que en los '70, cuando se planteaban esos debates de “reforma o revolución”, al igual que el socialismo estaban entre comillas más por la reforma que por la revolución. O sea que no hice esa opción política por el peronismo, que fueron los más afectados junto a otros partidos, sobre todo el PRT, y algunos grupos de izquierda. Entonces construir esa relación de confianza con las víctimas fue todo un trabajo. Yo no fui víctima, no tengo familiares víctimas y no pertenezco al partido que tuvo la mayor cantidad de víctimas. Pero después de 5 o 6 años de trabajo sistemático ya era una compañera más. Nuestra tarea es conocer. Tratar de describir y de explicar y de ahí difundir. Ir rompiendo algunos mitos, porque a diferencia de lo que ocurrió en otras partes del país, nuestras víctimas pertenecían a sectores populares. Salvo algunos abogados de clase media. La mayoría eran dirigentes que hacían el colegio nocturno y al mismo tiempo eran trabajadores. O eran agricultores.

¿Cuáles creés que son los frutos de tu trabajo como historiadora?
Una reflexión es sobre la pregunta que te hacen: ¿por qué estudiar el pasado y no dar una vuelta de hoja para mirar adelante?
Yo creo que hay que mirar adelante. Pero también creo que el olvido de hoy es la continuidad del silencio de ayer. Y si hay algo que la historia nos está mostrando es que la impunidad tiene sus efectos a corto y largo plazo, porque la impunidad permite la repetición. Y uno trabaja estos elementos porque cuando uno analiza la matriz de la violencia y de la represión, está sustentada en una intolerancia, en la ortodoxia de un pensamiento fundamentalista que no concibe o rechaza el pluralismo, en sus más variadas dimensiones. Y si uno con el conocimiento ayuda a hacer una sociedad más tolerante, creo que ese es el servicio que se le puede prestar a la sociedad. Conocer y reflexionar sobre las razones, porque el genocidio es una construcción social, nadie desaparece de la noche a la mañana. En realidad primero hubo estigmatización, aislamiento, justificación del castigo por encima de cualquier tipo de legislación y después llegó el terror. Pero lo que más cuesta sentarnos a comprender es que no hubiera habido terrorismo de estado sin una sociedad complaciente que lo permitiera. Hay un amplio sector de la sociedad civil que se benefició con la dictadura. Se benefició porque disciplinó socialmente a sectores que reclamaban derechos. No es por casualidad que muchas de nuestras víctimas fueron dirigentes rurales que reclamaban mejores condiciones de trabajo, las mismas condiciones de trabajo que hoy están reclamando nuestros tareferos y peones rurales. Y personas que en los '70 estaban organizando el sindicato de trabajadoras domésticas, algo que se logró hace pocos años, o chicos que estaban reclamando el boleto estudiantil. Gente que estaba reclamando por la regularización de tierras que estaban ocupando hace varias generaciones. O sea que en realidad la sociedad es la responsable y creo que es la materia pendiente. En los juicios hay ausencia. Salvo honrosas excepciones, hay una gran ausencia de sectores de sociedad.

¿Hay otras causas pendientes para llegar a juicio?
Están pendientes dos juicios más. Juicios a los integrantes del Regimiento de Monte 30 y el juicio a la Policía Federal, eso en cuanto a ir cerrando estos juicios que tienen que ver con la dictadura. Pero en Derechos Humanos todavía hay muchas deudas pendientes. Y creo que son las cosas en las que hay que seguir trabajando. Cuando uno reclama memoria, verdad y justicia, también está reclamando hechos actuales, con los dirigentes rurales. Estamos con un ojo en el pasado y con otro en el presente, para saber cuáles son las condiciones en las que están trabajando los peones rurales actuales. A veces el pasado es un lugar cómodo porque no se puede cambiar. O sea yo miro al mensú de la Bajada Vieja, pero no miro al explotado actual. Entonces tengo que entender que el explotado actual es descendiente de aquel y lo que nos está interpelando el presente es ese largo tiempo sin justicia todavía. Creo que ese es el debate que uno tiene que hacerlo todo el tiempo.

¿Qué pretendés lograr con el estudio de la historia reciente?
Aportar a la comprensión del presente. En general a veces uno tiende a pensar que uno inaugura un tiempo como si no tuviese nada detrás y en realidad uno tiene que ir mirando el presente como resultado de un proceso que va a tener deudas pendientes y que nosotros tenemos que hacernos cargo. Y otra cuestión es que me parece que hay una gran falta de discusión política. Uno observa que hay mucha consigna pero poca discusión. Y la discusión significa conocimiento, argumentación, datos, y ese es un trabajo, encontrarte con los datos a veces no es grato. Y las consignas a veces no develan esa argumentación que uno tiene que hacer. Eso es lo que uno ve, una sociedad como anestesiada. Eso yo hablaba con un grupo de becarios que siempre los incentivo a que estudien y les decía que parece que la argumentación se resume a un Twitter, a 140 caracteres. Y ves que muchos que tienen responsabilidad comentan cosas sobre las que son responsables porque son gobernantes. Se transforman en comentaristas cuando en realidad son gobernantes. Es como que un director técnico comentara el funcionamiento del equipo como si fuera otro. Ese es el debate que está faltando. Mientras tanto uno mira los relatos oficiales y los discursos y dice: “me gustaría vivir en esa provincia”. Porque no lee lo que uno transita cotidianamente no. En realidad hay un gran porcentaje de la población para la cual en realidad la democracia tampoco ha significado un cambio muy importante en sus propias condiciones de vida y en sus expectativas de futuro. La construcción de una hegemonía no genera ciudadanos, a veces parecemos más una sociedad de súbditos. Los ciudadanos tenemos que interpelar, participar. Y acá hay una toma de distancia muy grande. Fijate lo que pasó en el Concejo Deliberante de Candelaria, y no hay un pronunciamiento claro. Y nadie comete actos sin el guiño de otros estamentos. Hay un autor, un historiador inglés, que dice que el historiador tiene que levantarle la venda a la sociedad y decirles cosas que quizás no quiere escuchar, y entre esas cosas que uno no quiere escuchar son estos relatos del pasado, porque en realidad cada uno tendría que dar cuenta de dónde estaba cuando se cometía la barbarie. Pero la barbarie del pasado no se puede reparar, pero sí las barbaries que tenemos actualmente. Nos interpela a ver qué hacemos actualmente y eso de no mirar el pasado y mirar el futuro, es en realidad una manera de eludir la incomodidad que nos genera nuestro propio presente.

Los números
200 es el número aproximado de testimonios de víctimas de la dictadura que Urquiza y un grupo de investigadores lograron sistematizar.
2006
Es el año en que comenzó a investigar los delitos de la dictadura.

El perfil
• Yolanda Urquiza
Es doctora en Geografía e Historia (Historia Contemporánea) por la Universidad de Barcelona (España); se recibió de profesora en Historia y de licenciada en Metodología de la Investigación Universidad Nacional de Misiones (Unam). Es docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unam. Allí una de sus líneas de investigación está titulada como "Política, Historia y memoria social en la Provincia de Misiones", y concretó junto a un grupo interdisciplinario la base de datos "Víctimas de la Dictadura de/en la Provincia de Misiones. Asesinados-Detenidos-Desaparecidos", utilizada en todos los juicios misioneros por delitos de Lesa Humanidad.
Por Facundo Gabriel Zuetta
fzuetta@elterritorio.com.ar

miércoles, 20 de junio de 2012

Closs tiene que informar sobres archivos policiales que se incineraron por decreto

Lo decidió el Tribunal Oral Federal que juzga a policías y a un ex médico de la Jefatura de Misiones por crímenes de lesa y humanidad. El Gobernador Closs tiene que remitir las copias donde se tendría que haber consignado todos los archivos que mandó a incinerar su antecesor Carlos Rovira, cuando el ahora titular de la Cámara de Diputados, decidió borrar gran parte de la historia policial de mano dura, en tiempos de la dictadura.

Posadas (MC). El Tribunal Federal oral que juzga los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Misiones, sorprendió a propios y extraños en la antesala de los alegatos, con un pedido institucional que seguramente provocará un terrible sofocón en la pretendida política de “derechos humanos” que trata de publicitar el Gobierno Renovador de Maurice Closs y Carlos Rovira.

La Justicia le solicitó al Gobernador Closs que remita las copias donde el Poder Ejecutivo tendría que haber consignado todos los archivos que mandó a incinerar su antecesor Carlos Rovira, cuando el ahora titular de la Cámara de Diputados provincial, decidió borrar gran parte de la historia policial de mano dura, en tiempos de la dictadura.

Concretamente, el Tribunal que juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos en Misiones pidió al Gobernador que remita copias de las actas donde debieron quedar consignadas las documentaciones incineradas a través del decreto 897/05, un instrumento que firmó el ex Gobernador Rovira y su entonces ministro de Gobierno Miguel Ángel Iturrieta.

En pleno juicio oral y público, se conoció que un decreto gubernamental ordenó la quema de todos los archivos en la Jefatura de Policía, principalmente los sumarios y documentos que registraban gran parte de la historia de “mano dura” que aplicó la Policía misionera, desde marzo de 1976 y hasta que se extendió la Dictadura.

“…Tras minuciosa compulsa y revisión en el archivo de esta dependencia no se ha podido establecer identidad, nómina, revista y último domicilio de oficiales y suboficiales que prestaron servicio policial en Jardín América, desde octubre de 1976, en razón de que conforme al Decreto Provincial 897/2005, los archivos han sido incinerados, obrando únicamente registros desde el año 2000”.

Esa respuesta, polémica e indiscreta para una franja del Gobierno Renovador, fue enviada por un alto mando de la Unidad Regional de Jardín América, a los jueces del Tribunal Oral Federal que juzgan a los ex policías Carlos Omar Herrero, Felipe Nicolás Giménez, Julio Argentino Amarilla, Carlos Alberto Pombo y al ex médico de la fuerza, Guillermo Roque Mendoza, acusados de varios hechos de “torturas” y “privación ilegítima de la libertad”.

El decreto 897/2005 fue firmado por el entonces gobernador Carlos Eduardo Rovira, el 17 de junio de 2005; y rubricado por su ex ministro de Gobierno, Miguel Angel Iturrieta.

Curiosamente, el instrumento fue decretado cuando el comisario general Rubén Oscar Gabriel estaba a cargo de la Jefatura de Policía de Misiones, que ejerció hasta el final del segundo mandato de su amigo incondicional, Carlos Rovira.

De esta manera, el Tribunal respondió a los reiterados planteos de la defensa del ex médico policial Guillermo Roque Mendoza, el abogado César Ortellado, quien desde hace tiempo viene denunciando que la quema de esa documentación afecta los intereses de su cliente.

El lunes último, el mismo Tribunal rechazó el pedido de audiencia solicitado por los integrantes de la Comisión de Seguimiento de los Juicios por la Verdad de la Cámara de Diputados de Misiones, por considerarlo “inusual e improcedente” y remarcó que “el que solicita es el Poder legislativo y este es otro poder el Estado, y este es un proceso judicial”, según resumió el presidente del Tribunal, el juez Rubén Quiñones.

Tanto la querella como los abogados defensores remarcaron que el Tribunal resolvió acorde a la independencia de poderes y remarcaron que “es una muestra más de que las garantías constitucionales del debido proceso están resguardadas”.

Con las declaraciones del escribano Miguel Angel Alterach, ex gobernador de la provincia; de su ex ministro Mario Ovando; del ex senador Eduardo Enrique Torres y el abogado Ramón Glinka, y las declaraciones indagatorias de los imputados Julio Argentino Amarilla y Carlos Omar Pombo –dos policías que declararon por primera vez-, más las ampliatorias prestadas por Felipe Nicolás Gimenez y el ex médico policial Guillermo Roque Mendoza, concluyo el martes último la etapa de recepción de prueba.

Carlos Omar Herrero, el quinto imputado anticipó que recién hablará al final del proceso judicial. Los alegatos de este cuarto juicio de lesa humanidad que investiga el accionar efectivos de la policía de la provincia que cumplieron funciones en la Jefatura y el Departamento de Informaciones se escucharan el día 2 de julio. La sentencia se espera para el día siguiente, el 3 de julio.

El Decreto de la quema:

El Decreto 897/2005 de Rovira sobrevoló varias veces la Sala del Tribunal Federal posadeño de la calle Félix de Azara 2170, donde los jueces subrogantes Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte, de la Justicia federal de Formosa, y Norberto Rubén Giménez, de Resistencia, escuchan los más de 120 testimonios programados, para un juicio que demandó varias audiencias.

No es para menos. El Decreto de Rovira, para mucho de los asistentes, y para los abogados defensores de los policías enjuiciados, denota una connotación exclusivamente política.

“Ese decreto apunta a favorecer a un sector de la Plana Mayor de la Policía de Misiones de aquel entonces, que los mismos, a pesar de estar vivos a la fecha, no han sido citados a declarar o bien ser llamados al juicio para que aporten sus testimonios a contribuir con el valor de la verdad, la memoria y el nunca más”, enfatizó César Edgardo Ortellado, abogado defensor del médico Mendoza.

La sospecha de Ortellado, sobre la supuesta “mano de impunidad” que habría ejercido Rovira, ordenando la quema de los archivos policiales, se recuesta en un análisis de situación que salpica al ex Jefe Gabriel.