Lo decidió el Tribunal Oral Federal que juzga a policías y a un ex médico de la Jefatura de Misiones por crímenes de lesa y humanidad. El Gobernador Closs tiene que remitir las copias donde se tendría que haber consignado todos los archivos que mandó a incinerar su antecesor Carlos Rovira, cuando el ahora titular de la Cámara de Diputados, decidió borrar gran parte de la historia policial de mano dura, en tiempos de la dictadura.
Posadas (MC). El Tribunal Federal oral que juzga los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Misiones, sorprendió a propios y extraños en la antesala de los alegatos, con un pedido institucional que seguramente provocará un terrible sofocón en la pretendida política de “derechos humanos” que trata de publicitar el Gobierno Renovador de Maurice Closs y Carlos Rovira.
La Justicia le solicitó al Gobernador Closs que remita las copias donde el Poder Ejecutivo tendría que haber consignado todos los archivos que mandó a incinerar su antecesor Carlos Rovira, cuando el ahora titular de la Cámara de Diputados provincial, decidió borrar gran parte de la historia policial de mano dura, en tiempos de la dictadura.
Concretamente, el Tribunal que juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos en Misiones pidió al Gobernador que remita copias de las actas donde debieron quedar consignadas las documentaciones incineradas a través del decreto 897/05, un instrumento que firmó el ex Gobernador Rovira y su entonces ministro de Gobierno Miguel Ángel Iturrieta.
En pleno juicio oral y público, se conoció que un decreto gubernamental ordenó la quema de todos los archivos en la Jefatura de Policía, principalmente los sumarios y documentos que registraban gran parte de la historia de “mano dura” que aplicó la Policía misionera, desde marzo de 1976 y hasta que se extendió la Dictadura.
“…Tras minuciosa compulsa y revisión en el archivo de esta dependencia no se ha podido establecer identidad, nómina, revista y último domicilio de oficiales y suboficiales que prestaron servicio policial en Jardín América, desde octubre de 1976, en razón de que conforme al Decreto Provincial 897/2005, los archivos han sido incinerados, obrando únicamente registros desde el año 2000”.
Esa respuesta, polémica e indiscreta para una franja del Gobierno Renovador, fue enviada por un alto mando de la Unidad Regional de Jardín América, a los jueces del Tribunal Oral Federal que juzgan a los ex policías Carlos Omar Herrero, Felipe Nicolás Giménez, Julio Argentino Amarilla, Carlos Alberto Pombo y al ex médico de la fuerza, Guillermo Roque Mendoza, acusados de varios hechos de “torturas” y “privación ilegítima de la libertad”.
El decreto 897/2005 fue firmado por el entonces gobernador Carlos Eduardo Rovira, el 17 de junio de 2005; y rubricado por su ex ministro de Gobierno, Miguel Angel Iturrieta.
Curiosamente, el instrumento fue decretado cuando el comisario general Rubén Oscar Gabriel estaba a cargo de la Jefatura de Policía de Misiones, que ejerció hasta el final del segundo mandato de su amigo incondicional, Carlos Rovira.
De esta manera, el Tribunal respondió a los reiterados planteos de la defensa del ex médico policial Guillermo Roque Mendoza, el abogado César Ortellado, quien desde hace tiempo viene denunciando que la quema de esa documentación afecta los intereses de su cliente.
El lunes último, el mismo Tribunal rechazó el pedido de audiencia solicitado por los integrantes de la Comisión de Seguimiento de los Juicios por la Verdad de la Cámara de Diputados de Misiones, por considerarlo “inusual e improcedente” y remarcó que “el que solicita es el Poder legislativo y este es otro poder el Estado, y este es un proceso judicial”, según resumió el presidente del Tribunal, el juez Rubén Quiñones.
Tanto la querella como los abogados defensores remarcaron que el Tribunal resolvió acorde a la independencia de poderes y remarcaron que “es una muestra más de que las garantías constitucionales del debido proceso están resguardadas”.
Con las declaraciones del escribano Miguel Angel Alterach, ex gobernador de la provincia; de su ex ministro Mario Ovando; del ex senador Eduardo Enrique Torres y el abogado Ramón Glinka, y las declaraciones indagatorias de los imputados Julio Argentino Amarilla y Carlos Omar Pombo –dos policías que declararon por primera vez-, más las ampliatorias prestadas por Felipe Nicolás Gimenez y el ex médico policial Guillermo Roque Mendoza, concluyo el martes último la etapa de recepción de prueba.
Carlos Omar Herrero, el quinto imputado anticipó que recién hablará al final del proceso judicial. Los alegatos de este cuarto juicio de lesa humanidad que investiga el accionar efectivos de la policía de la provincia que cumplieron funciones en la Jefatura y el Departamento de Informaciones se escucharan el día 2 de julio. La sentencia se espera para el día siguiente, el 3 de julio.
El Decreto de la quema:
El Decreto 897/2005 de Rovira sobrevoló varias veces la Sala del Tribunal Federal posadeño de la calle Félix de Azara 2170, donde los jueces subrogantes Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte, de la Justicia federal de Formosa, y Norberto Rubén Giménez, de Resistencia, escuchan los más de 120 testimonios programados, para un juicio que demandó varias audiencias.
No es para menos. El Decreto de Rovira, para mucho de los asistentes, y para los abogados defensores de los policías enjuiciados, denota una connotación exclusivamente política.
“Ese decreto apunta a favorecer a un sector de la Plana Mayor de la Policía de Misiones de aquel entonces, que los mismos, a pesar de estar vivos a la fecha, no han sido citados a declarar o bien ser llamados al juicio para que aporten sus testimonios a contribuir con el valor de la verdad, la memoria y el nunca más”, enfatizó César Edgardo Ortellado, abogado defensor del médico Mendoza.
La sospecha de Ortellado, sobre la supuesta “mano de impunidad” que habría ejercido Rovira, ordenando la quema de los archivos policiales, se recuesta en un análisis de situación que salpica al ex Jefe Gabriel.
Posadas (MC). El Tribunal Federal oral que juzga los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Misiones, sorprendió a propios y extraños en la antesala de los alegatos, con un pedido institucional que seguramente provocará un terrible sofocón en la pretendida política de “derechos humanos” que trata de publicitar el Gobierno Renovador de Maurice Closs y Carlos Rovira.
La Justicia le solicitó al Gobernador Closs que remita las copias donde el Poder Ejecutivo tendría que haber consignado todos los archivos que mandó a incinerar su antecesor Carlos Rovira, cuando el ahora titular de la Cámara de Diputados provincial, decidió borrar gran parte de la historia policial de mano dura, en tiempos de la dictadura.
Concretamente, el Tribunal que juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos en Misiones pidió al Gobernador que remita copias de las actas donde debieron quedar consignadas las documentaciones incineradas a través del decreto 897/05, un instrumento que firmó el ex Gobernador Rovira y su entonces ministro de Gobierno Miguel Ángel Iturrieta.
En pleno juicio oral y público, se conoció que un decreto gubernamental ordenó la quema de todos los archivos en la Jefatura de Policía, principalmente los sumarios y documentos que registraban gran parte de la historia de “mano dura” que aplicó la Policía misionera, desde marzo de 1976 y hasta que se extendió la Dictadura.
“…Tras minuciosa compulsa y revisión en el archivo de esta dependencia no se ha podido establecer identidad, nómina, revista y último domicilio de oficiales y suboficiales que prestaron servicio policial en Jardín América, desde octubre de 1976, en razón de que conforme al Decreto Provincial 897/2005, los archivos han sido incinerados, obrando únicamente registros desde el año 2000”.
Esa respuesta, polémica e indiscreta para una franja del Gobierno Renovador, fue enviada por un alto mando de la Unidad Regional de Jardín América, a los jueces del Tribunal Oral Federal que juzgan a los ex policías Carlos Omar Herrero, Felipe Nicolás Giménez, Julio Argentino Amarilla, Carlos Alberto Pombo y al ex médico de la fuerza, Guillermo Roque Mendoza, acusados de varios hechos de “torturas” y “privación ilegítima de la libertad”.
El decreto 897/2005 fue firmado por el entonces gobernador Carlos Eduardo Rovira, el 17 de junio de 2005; y rubricado por su ex ministro de Gobierno, Miguel Angel Iturrieta.
Curiosamente, el instrumento fue decretado cuando el comisario general Rubén Oscar Gabriel estaba a cargo de la Jefatura de Policía de Misiones, que ejerció hasta el final del segundo mandato de su amigo incondicional, Carlos Rovira.
De esta manera, el Tribunal respondió a los reiterados planteos de la defensa del ex médico policial Guillermo Roque Mendoza, el abogado César Ortellado, quien desde hace tiempo viene denunciando que la quema de esa documentación afecta los intereses de su cliente.
El lunes último, el mismo Tribunal rechazó el pedido de audiencia solicitado por los integrantes de la Comisión de Seguimiento de los Juicios por la Verdad de la Cámara de Diputados de Misiones, por considerarlo “inusual e improcedente” y remarcó que “el que solicita es el Poder legislativo y este es otro poder el Estado, y este es un proceso judicial”, según resumió el presidente del Tribunal, el juez Rubén Quiñones.
Tanto la querella como los abogados defensores remarcaron que el Tribunal resolvió acorde a la independencia de poderes y remarcaron que “es una muestra más de que las garantías constitucionales del debido proceso están resguardadas”.
Con las declaraciones del escribano Miguel Angel Alterach, ex gobernador de la provincia; de su ex ministro Mario Ovando; del ex senador Eduardo Enrique Torres y el abogado Ramón Glinka, y las declaraciones indagatorias de los imputados Julio Argentino Amarilla y Carlos Omar Pombo –dos policías que declararon por primera vez-, más las ampliatorias prestadas por Felipe Nicolás Gimenez y el ex médico policial Guillermo Roque Mendoza, concluyo el martes último la etapa de recepción de prueba.
Carlos Omar Herrero, el quinto imputado anticipó que recién hablará al final del proceso judicial. Los alegatos de este cuarto juicio de lesa humanidad que investiga el accionar efectivos de la policía de la provincia que cumplieron funciones en la Jefatura y el Departamento de Informaciones se escucharan el día 2 de julio. La sentencia se espera para el día siguiente, el 3 de julio.
El Decreto de la quema:
El Decreto 897/2005 de Rovira sobrevoló varias veces la Sala del Tribunal Federal posadeño de la calle Félix de Azara 2170, donde los jueces subrogantes Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte, de la Justicia federal de Formosa, y Norberto Rubén Giménez, de Resistencia, escuchan los más de 120 testimonios programados, para un juicio que demandó varias audiencias.
No es para menos. El Decreto de Rovira, para mucho de los asistentes, y para los abogados defensores de los policías enjuiciados, denota una connotación exclusivamente política.
“Ese decreto apunta a favorecer a un sector de la Plana Mayor de la Policía de Misiones de aquel entonces, que los mismos, a pesar de estar vivos a la fecha, no han sido citados a declarar o bien ser llamados al juicio para que aporten sus testimonios a contribuir con el valor de la verdad, la memoria y el nunca más”, enfatizó César Edgardo Ortellado, abogado defensor del médico Mendoza.
La sospecha de Ortellado, sobre la supuesta “mano de impunidad” que habría ejercido Rovira, ordenando la quema de los archivos policiales, se recuesta en un análisis de situación que salpica al ex Jefe Gabriel.
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