La impunidad continua : La Corte dictaminó que un represor siga con prisión domiciliaria

Ya se la prorrogaron dos veces

El ex coronel y ex jefe del distrito militar de Misiones, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, está condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Por razones de salud, seguirá cumpliendo la pena en su casa de Buenos Aires.

Por Gustavo Ahumada


La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso contra la prisión domiciliaria del ex coronel y ex jefe del distrito militar de Misiones, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Caggiano Tedesco fue el jefe del área 232 desde enero de 1977. Allí tuvo la responsabilidad del control operativo de los grupos de tareas en la provincia de Misiones.También se desempeñó en los centros clandestinos de detención "D-2 de la Policía de Misiones, en Posadas" y "Delegación de la Policía Federal en Posadas".

Tiene dos condenas del Tribunal Oral de Posadas, una en 2008 y otra en 2009. En la causa de 2009 fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad contra 49 personas. Ese fallo ordenaba que el represor cumpliera la pena en el Complejo Penitenciario Federal Nº II de Marcos Paz, en Buenos Aires. Pero la defensa de Caggiano Tedesco solicitó se le conceda la prisión domiciliaria por su estado de salud. El TOF de Posadas le otorgó el beneficio al represor para “garantizar que se le brindara el tratamiento adecuado a su estado de salud”. Esta decisión fue prorrogada dos veces porque, según el tribunal, continuaba el cuadro clínico que justificaba la medida. Ante esto el fiscal general presentó un recurso que el tribunal declaró inadmisible. Después se presentó en la Cámara Federal de Casación Penal que rechazó también el pedido de revocatoria del beneficio "mientras persista el cuadro clínico". La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia donde por mayoría declararon inadmisible la queja presentada.

En su dictamen, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbo, entendía que la decisión de otorgar la prisión domiciliaria era “arbitraria” porque de acuerdo a uno de los peritajes llevados a cabo por el médico forense “el estado de salud del condenado es estable y su control y tratamiento pueden continuar en la prisión”. Pero los jueces Carlos Fayt, Carmen Argibay, Enrique Petracchi y Eugenio Zaffaroni rechazaron el recurso. En disidencia votaron Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon de Nolasco y Juan Maqueda, quienes pretendían se haga lugar a la queja y que el tribunal de origen dictara un nuevo pronunciamiento.

Condenado por 49 hechos

El de Susana Ferreyra es apenas uno de los 49 casos por los que se juzgó a Caggiano Tedesco en uno de los juicios. Una tarde de noviembre de 1977, ella e Isidro Flor tomaban tereré en una chacra de Posadas, cuando varias personas armadas llegaron en un Ford Falcon y una Chevy. Se llevaron a los dos en el baúl. Según contó Isidro durante el juicio, él "la vio cuando los bajaron del auto, en un lugar que era como un campamento y después ya no sabe qué le pasó" a Susana. Días después Isidro fue liberado. Algunos testigos declararon haber escuchado a Susana en Apóstoles, gritando porque “algo la quemaba”. En diciembre de ese año, Irene Graciela Ferreyra, hermana de Susana, contó que un oficial de la Policía se presentó en su casa en la noche. Les dijo a ella y a su padre que Susana había fallecido, dejándoles un papel con datos para retirar el cuerpo. Más tarde, les entregaron un ataúd con Susana muerta y con signos de tortura.

El represor Appiani fue trasladado a Misiones para visitar a familiares

El represor Jorge Humberto Appiani se encuentra en la provincia de Misiones, donde permanecerá hasta el miércoles, cumpliendo una visita de acercamiento familiar que había solicitado a mediados de diciembre pasado. El traslado había sido autorizado a fines del año pasado por el juez federal Leandro Ríos y se concretó el domingo por efectivos del Servicio Penitenciario Federal, en el marco de un fuerte operativo de seguridad, según indicaron fuentes judiciales a ANALISIS DIGITAL. Appiani el domingo de la cárcel de Paraná con destino a la localidad misionera de Jardín América, distante a más de 800 kilómetros de la capital entrerriana, donde vive su hija y otros familiares. La visita denominada “de acercamiento familiar” había sido autorizada el 17 de diciembre por el juez Ríos, pero se fue demorando y recién se concretó ayer.

El magistrado dispuso además que el traslado se realice “bajo segura custodia y estrictas medidas de seguridad” y que mientras dure su permanencia en la provincia de Misiones, el ex militar sea alojado en la Colonia Penal Número 17 de La Candelaria, ubicada 74 kilómetros al sur de Jardín América.

Appiani, detenido en la cárcel de Paraná desde 2009, ha viajado en reiteradas ocasiones a Jardín América; pero las salidas se habían suspendido tras la fuga de su ex socio y amigo, Jorge Olivera, a mediados de julio. Los fiscales Ricardo Álvarez y José Ignacio Candioti pidieron en su momento que se extremaran las medidas de seguridad respecto de Appiani y que al momento de disponer traslados “se tome en consideración el aumento del peligro de fuga”. Del mismo modo lo hicieron los querellantes Marcelo Boeykens y Álvaro Baella, quienes solicitaron “que se restrinjan los otorgamientos de salidas familiares, médicas, de culto y recreativas” para los represores alojados en la Unidad Penal Número 1.

El represor, de 61 años, está procesado en la denominada megacausa Área Paraná y detenido desde el 4 de junio de 2009. Entre 1976 y 1977 se desempeñó como auditor del Ejército y auxiliar del consejo de guerra estable que juzgó y condenó a decenas de presos políticos sin garantías de ningún tipo. Está acusado como partícipe necesario de privaciones ilegítimas de libertad, severidades, vejaciones y apremios ilegales contra ocho víctimas; y como autor mediato de privaciones ilegítimas de libertad y tormentos contra 27 personas.

Otra oportunidad desperdiciada de pedir condenas por genocidio

Los querellantes representantes del Estado nacional y provincial y la fiscal coincidieron en pedir una pena de 25 años de prisión para Carlos Omar Herrero (80), jefe de la Policía de Misiones en el inicio de la última dictadura y Felipe Giménez (75), ex jefe de la dirección de Informaciones, como autor y coautor de privaciones ilegítimas de la libertad, sin orden judicial contra dirigentes políticos, uso de violencia, amenazas y tormentos en 42 hechos y cuatro violaciones contra Susana Benedetti, Graciela Franzen,  María Silvia Coutuné y Nilda Frield.

 Asimismo, pidieron 15 años de prisión para el médico Roque Mendoza -quien está acusado de "supervisar las torturas"- por ser considerado partícipe primario de los mismos delitos, además de privación y tormentos. Por Julio Amarilla, ex agente de Informaciones, pidieron 20 años de prisión por partícipe necesario de privaciones y tormentos contra políticos y para Carlos Pombo, también ex agente de Informaciones, 15 años por privación ilegítima de la libertad agravada ilegítima y tormentos agravados por persecución política. En todos los casos, solicitaron que las condenas sean cumplidas en cárceles comunes, por la gravedad de los hechos.

En dos alegatos bien extensos, la querella de la Provincia, ejercida por Juan Martínez y la Nación, a cargo de Rafael Pereyra Pigerl, apuntaron a que los cinco ex funcionarios policiales que están siendo juzgados  por delitos de Lesa humanidad como torturas, violaciones, privaciones legitimas de la libertad en alrededor de 40 personas, son los culpables y que los testimonios de las víctimas y las pruebas que hay bastan para condenarlos. La sentencia se podría dar a conocer mañana mientras que hoy está previsto que den sus alegatos los defensores de los imputados.

En primer turno expuso sus alegatos el querellante por Misiones, Juan Martínez, quien pidió las penas máximas para los imputados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Jefatura de Policía durante la dictadura militar. En este sentido, lo que se le pide a los jueces encargados de dictaminar la sentencia, Rubén Quiñónez, Eduardo Belforte y Norberto Rubén Giménez, es que Carlos Herrero, jefe de Policía desde junio hasta noviembre de 1976 que sea penado con 25 años de prisión por encontrarlo autor de los hechos con características de tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad y violación a las mujeres que eran recluidas en un centro clandestino de tortura que funcionaba en el departamento de Informaciones de la fuerza de seguridad provincial. La misma cantidad de años pidió para Felipe Giménez, responsable de aquel sector policial y por ende coautor de los mismos hechos, a quien además en su legajo se encontró felicitaciones del mandamás del momento de la fuerza de seguridad por su desempeño en la institución, lo que da por hecho que se sabía perfectamente lo que pasaban con las personas recluidas.

En el caso del médico de la institución, Guillermo Roque Mendoza, que ingresó como oficial y por sus conocimientos  en medicina, se hizo cargo del sector de servicios sociales en donde habitualmente están los galenos y enfermeros de la policía. Al parecer y según los alegatos de la querella, Mendoza certificaba si el torturado podía seguir resistiendo los aberrantes castigos a los que era sometido, como ser picaneado con artefactos eléctricos y golpes de todo tipo y abusos sexuales en caso de las mujeres.

Para Julio Amarilla, agente de Policía y con prestación de servicio en la Dirección de Informaciones, pidieron 15 años de prisión por partícipe necesario de tormentos agravados mientras que a Pombo, de la misma jerarquía, lo consideraron como un gran torturador, a tal punto que en los momentos que no jugaba al fútbol en Atlético Posadas y había decidido ser Policía, nadie sabía lo que realmente hacía.
 
Hoy es el turno para la defensa de los imputados de exponer sus alegatos y la sentencia podría conocerse mañana mismo. Entre los defensores, se encuentran los abogados Edgardo Ortellado en el caso de Roque Mendoza y Alberto Kuhle para la defensa de Carlos Pombo.

En este juicio, que comenzó el 21 de marzo se juzgan crímenes cometidos en el Departamento de Informaciones, el Destacamento policial conocido como Casita de Mártires y la Casita del Rowing, todos centros  clandestinos de detención dependientes de la policía de Misiones. Este es el cuarto juicio por memoria, verdad y justicia que se realiza en Misiones.

‘‘Muchas víctimas de la dictadura reclamaban lo mismo que hoy, piden los tareferos”.

La investigadora de la historia de Misiones (1976-1983) dijo que hay que avanzar en los Derechos Humanos que aún hoy no se respetan.
“Hay una falta de discusión política”, aseguró

Yolanda Urquiza es historiadora de la Unam y dejó bien en claro que su compromiso es con el presente. Es especialista en investigación y desde 2006 su vida profesional dio un giro, cuando comenzó a investigar junto a un grupo interdisciplinario la historia reciente de Misiones en el período de la dictadura, entre 1976 y 1983, realizando reconstrucciones históricas en base a documentaciones y más de 200 testimonios que han servido de base y prueba para seis juicios penales por delitos de Lesa Humanidad, uno de ellos en proceso y dos por realizarse. “La violencia y el terror que hubo en Misiones contradice el hecho de lo que decía de que 'acá no pasó nada, esta era una provincia tranquila'”, dijo Urquiza, quien contó que la pesquisa la hicieron con dinero de sus salarios.

Por eso dijo que hace falta analizar la historia de violencia y terror en la provincia, pero sin dejar de mirar los Derechos Humanos que hoy no se respetan y las luchas que vienen desde antes de la dictadura y que aún hoy continúan, como la de los trabajadores rurales.

“En realidad hay un gran porcentaje de la población para la cual la democracia tampoco ha significado un cambio muy importante en sus propias condiciones de vida y en sus expectativas de futuro”, aseguró Urquiza a El Territorio. En ese sentido, recordó la lucha de los tareferos por la mejora de condiciones laborales. También dio a conocer su postura sobre la arena política misionera: “Hay una falta de discusión política. Uno observa que hay mucha consigna, pero poca discusión”. 

¿Cuáles fueron tus motivaciones para investigar lo ocurrido durante la dictadura en Misiones?
Comencé a trabajar con el tema de la dictadura para colaborar con la familia de Alfredo González, el decano de la Unam desaparecido, cuando comenzaron los juicios por la verdad, que era el camino que encontraron las Asociaciones de Derechos Humanos para seguir haciendo esos planteos en el espacio público, de verdad y de justicia, aún cuando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final no le dejaron seguir y suspendieron los juicios penales. Y desde ahí realmente estoy tratando de desentrañar esa densa historia reciente, cargada de mucha violencia, que realmente contradice fuertemente a la propia realidad esa idea de que “acá no pasó nada, esta era una provincia tranquila”. Empecé con los testimonios escritos, con los archivos que existían aún en la casa de Gobierno, en el 2005-2006, y comenzamos a explorar los archivos documentales y después empezamos a trabajar con los testimonios de las víctimas. Ordenamos sistemáticamente todos los testimonios que se exponían en el contexto de los juicios por la verdad y después parte de esos propios testimonios se transformaron en las pruebas que acompañaron ya la implementación de los juicios.

¿Quiénes te acompañaron en ese camino?
Desde el punto de vista académico yo trabajé con tres becarias y con ellas pudimos completar tanto la etapa testimonial como la transcripción de los testimonios, aunque después siguieron sus caminos. Pero hay un equipo muy interesante que está formado por Fernando Canteli, que trabajé siempre con él, con Graciela Franzen y se sumó posteriormente Alicia Rivas. Somos un equipo interdisciplinario. El papel de Graciela fue muy importante porque ella trabajó con las víctimas. Era una persona a través de la cual uno podía acceder a las víctimas, registrar sus testimonios. Graciela fue la primera que presentó un pedido de juicio a miembros de la Policía provincial en el año 84, hace más de 30 años, para que estas denuncias estén ahora instaladas en la justicia, formando parte de un juicio. Pero en el camino quedaron muchas personas sin poder ver esta etapa de justicia. Y hay otras que ahora son juzgadas.

¿Cuántos testimonios recopilaron?
Nosotros habíamos hecho una base de datos bastante interesante, con más de 200 testimonios. Esos tienen distintos formatos, porque lo hicimos de acuerdo a nuestro tiempo y a nuestras posibilidades económicas, porque obviamente eso lo sostuvimos nosotros y lo seguimos sosteniendo con recursos de nuestro salario, concretamente. Trabajamos con mucho cuidado con las declaraciones de las personas, porque en realidad teníamos acceso a relatos que ni siquiera los familiares de las víctimas sabían. Se trata de memorias traumáticas que algunos intentaron reconstruir sus vidas cerrando alguna puerta. Aunque la historia nos demuestra que la memoria siempre te sorprende, en el sentido de que uno no puede olvidar, pero habían hecho ciertos silencios. Entonces trabajar toda esa memoria fue una experiencia compleja, muy interesante, pero compleja.

¿Cuáles son tus motivaciones para involucrarte en estas investigaciones de la historia reciente?
Yo vengo de una militancia política en el radicalismo, un partido que en los '70, cuando se planteaban esos debates de “reforma o revolución”, al igual que el socialismo estaban entre comillas más por la reforma que por la revolución. O sea que no hice esa opción política por el peronismo, que fueron los más afectados junto a otros partidos, sobre todo el PRT, y algunos grupos de izquierda. Entonces construir esa relación de confianza con las víctimas fue todo un trabajo. Yo no fui víctima, no tengo familiares víctimas y no pertenezco al partido que tuvo la mayor cantidad de víctimas. Pero después de 5 o 6 años de trabajo sistemático ya era una compañera más. Nuestra tarea es conocer. Tratar de describir y de explicar y de ahí difundir. Ir rompiendo algunos mitos, porque a diferencia de lo que ocurrió en otras partes del país, nuestras víctimas pertenecían a sectores populares. Salvo algunos abogados de clase media. La mayoría eran dirigentes que hacían el colegio nocturno y al mismo tiempo eran trabajadores. O eran agricultores.

¿Cuáles creés que son los frutos de tu trabajo como historiadora?
Una reflexión es sobre la pregunta que te hacen: ¿por qué estudiar el pasado y no dar una vuelta de hoja para mirar adelante?
Yo creo que hay que mirar adelante. Pero también creo que el olvido de hoy es la continuidad del silencio de ayer. Y si hay algo que la historia nos está mostrando es que la impunidad tiene sus efectos a corto y largo plazo, porque la impunidad permite la repetición. Y uno trabaja estos elementos porque cuando uno analiza la matriz de la violencia y de la represión, está sustentada en una intolerancia, en la ortodoxia de un pensamiento fundamentalista que no concibe o rechaza el pluralismo, en sus más variadas dimensiones. Y si uno con el conocimiento ayuda a hacer una sociedad más tolerante, creo que ese es el servicio que se le puede prestar a la sociedad. Conocer y reflexionar sobre las razones, porque el genocidio es una construcción social, nadie desaparece de la noche a la mañana. En realidad primero hubo estigmatización, aislamiento, justificación del castigo por encima de cualquier tipo de legislación y después llegó el terror. Pero lo que más cuesta sentarnos a comprender es que no hubiera habido terrorismo de estado sin una sociedad complaciente que lo permitiera. Hay un amplio sector de la sociedad civil que se benefició con la dictadura. Se benefició porque disciplinó socialmente a sectores que reclamaban derechos. No es por casualidad que muchas de nuestras víctimas fueron dirigentes rurales que reclamaban mejores condiciones de trabajo, las mismas condiciones de trabajo que hoy están reclamando nuestros tareferos y peones rurales. Y personas que en los '70 estaban organizando el sindicato de trabajadoras domésticas, algo que se logró hace pocos años, o chicos que estaban reclamando el boleto estudiantil. Gente que estaba reclamando por la regularización de tierras que estaban ocupando hace varias generaciones. O sea que en realidad la sociedad es la responsable y creo que es la materia pendiente. En los juicios hay ausencia. Salvo honrosas excepciones, hay una gran ausencia de sectores de sociedad.

¿Hay otras causas pendientes para llegar a juicio?
Están pendientes dos juicios más. Juicios a los integrantes del Regimiento de Monte 30 y el juicio a la Policía Federal, eso en cuanto a ir cerrando estos juicios que tienen que ver con la dictadura. Pero en Derechos Humanos todavía hay muchas deudas pendientes. Y creo que son las cosas en las que hay que seguir trabajando. Cuando uno reclama memoria, verdad y justicia, también está reclamando hechos actuales, con los dirigentes rurales. Estamos con un ojo en el pasado y con otro en el presente, para saber cuáles son las condiciones en las que están trabajando los peones rurales actuales. A veces el pasado es un lugar cómodo porque no se puede cambiar. O sea yo miro al mensú de la Bajada Vieja, pero no miro al explotado actual. Entonces tengo que entender que el explotado actual es descendiente de aquel y lo que nos está interpelando el presente es ese largo tiempo sin justicia todavía. Creo que ese es el debate que uno tiene que hacerlo todo el tiempo.

¿Qué pretendés lograr con el estudio de la historia reciente?
Aportar a la comprensión del presente. En general a veces uno tiende a pensar que uno inaugura un tiempo como si no tuviese nada detrás y en realidad uno tiene que ir mirando el presente como resultado de un proceso que va a tener deudas pendientes y que nosotros tenemos que hacernos cargo. Y otra cuestión es que me parece que hay una gran falta de discusión política. Uno observa que hay mucha consigna pero poca discusión. Y la discusión significa conocimiento, argumentación, datos, y ese es un trabajo, encontrarte con los datos a veces no es grato. Y las consignas a veces no develan esa argumentación que uno tiene que hacer. Eso es lo que uno ve, una sociedad como anestesiada. Eso yo hablaba con un grupo de becarios que siempre los incentivo a que estudien y les decía que parece que la argumentación se resume a un Twitter, a 140 caracteres. Y ves que muchos que tienen responsabilidad comentan cosas sobre las que son responsables porque son gobernantes. Se transforman en comentaristas cuando en realidad son gobernantes. Es como que un director técnico comentara el funcionamiento del equipo como si fuera otro. Ese es el debate que está faltando. Mientras tanto uno mira los relatos oficiales y los discursos y dice: “me gustaría vivir en esa provincia”. Porque no lee lo que uno transita cotidianamente no. En realidad hay un gran porcentaje de la población para la cual en realidad la democracia tampoco ha significado un cambio muy importante en sus propias condiciones de vida y en sus expectativas de futuro. La construcción de una hegemonía no genera ciudadanos, a veces parecemos más una sociedad de súbditos. Los ciudadanos tenemos que interpelar, participar. Y acá hay una toma de distancia muy grande. Fijate lo que pasó en el Concejo Deliberante de Candelaria, y no hay un pronunciamiento claro. Y nadie comete actos sin el guiño de otros estamentos. Hay un autor, un historiador inglés, que dice que el historiador tiene que levantarle la venda a la sociedad y decirles cosas que quizás no quiere escuchar, y entre esas cosas que uno no quiere escuchar son estos relatos del pasado, porque en realidad cada uno tendría que dar cuenta de dónde estaba cuando se cometía la barbarie. Pero la barbarie del pasado no se puede reparar, pero sí las barbaries que tenemos actualmente. Nos interpela a ver qué hacemos actualmente y eso de no mirar el pasado y mirar el futuro, es en realidad una manera de eludir la incomodidad que nos genera nuestro propio presente.

Los números
200 es el número aproximado de testimonios de víctimas de la dictadura que Urquiza y un grupo de investigadores lograron sistematizar.
2006
Es el año en que comenzó a investigar los delitos de la dictadura.

El perfil
• Yolanda Urquiza
Es doctora en Geografía e Historia (Historia Contemporánea) por la Universidad de Barcelona (España); se recibió de profesora en Historia y de licenciada en Metodología de la Investigación Universidad Nacional de Misiones (Unam). Es docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unam. Allí una de sus líneas de investigación está titulada como "Política, Historia y memoria social en la Provincia de Misiones", y concretó junto a un grupo interdisciplinario la base de datos "Víctimas de la Dictadura de/en la Provincia de Misiones. Asesinados-Detenidos-Desaparecidos", utilizada en todos los juicios misioneros por delitos de Lesa Humanidad.
Por Facundo Gabriel Zuetta
fzuetta@elterritorio.com.ar

Closs tiene que informar sobres archivos policiales que se incineraron por decreto

Lo decidió el Tribunal Oral Federal que juzga a policías y a un ex médico de la Jefatura de Misiones por crímenes de lesa y humanidad. El Gobernador Closs tiene que remitir las copias donde se tendría que haber consignado todos los archivos que mandó a incinerar su antecesor Carlos Rovira, cuando el ahora titular de la Cámara de Diputados, decidió borrar gran parte de la historia policial de mano dura, en tiempos de la dictadura.

Posadas (MC). El Tribunal Federal oral que juzga los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Misiones, sorprendió a propios y extraños en la antesala de los alegatos, con un pedido institucional que seguramente provocará un terrible sofocón en la pretendida política de “derechos humanos” que trata de publicitar el Gobierno Renovador de Maurice Closs y Carlos Rovira.

La Justicia le solicitó al Gobernador Closs que remita las copias donde el Poder Ejecutivo tendría que haber consignado todos los archivos que mandó a incinerar su antecesor Carlos Rovira, cuando el ahora titular de la Cámara de Diputados provincial, decidió borrar gran parte de la historia policial de mano dura, en tiempos de la dictadura.

Concretamente, el Tribunal que juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos en Misiones pidió al Gobernador que remita copias de las actas donde debieron quedar consignadas las documentaciones incineradas a través del decreto 897/05, un instrumento que firmó el ex Gobernador Rovira y su entonces ministro de Gobierno Miguel Ángel Iturrieta.

En pleno juicio oral y público, se conoció que un decreto gubernamental ordenó la quema de todos los archivos en la Jefatura de Policía, principalmente los sumarios y documentos que registraban gran parte de la historia de “mano dura” que aplicó la Policía misionera, desde marzo de 1976 y hasta que se extendió la Dictadura.

“…Tras minuciosa compulsa y revisión en el archivo de esta dependencia no se ha podido establecer identidad, nómina, revista y último domicilio de oficiales y suboficiales que prestaron servicio policial en Jardín América, desde octubre de 1976, en razón de que conforme al Decreto Provincial 897/2005, los archivos han sido incinerados, obrando únicamente registros desde el año 2000”.

Esa respuesta, polémica e indiscreta para una franja del Gobierno Renovador, fue enviada por un alto mando de la Unidad Regional de Jardín América, a los jueces del Tribunal Oral Federal que juzgan a los ex policías Carlos Omar Herrero, Felipe Nicolás Giménez, Julio Argentino Amarilla, Carlos Alberto Pombo y al ex médico de la fuerza, Guillermo Roque Mendoza, acusados de varios hechos de “torturas” y “privación ilegítima de la libertad”.

El decreto 897/2005 fue firmado por el entonces gobernador Carlos Eduardo Rovira, el 17 de junio de 2005; y rubricado por su ex ministro de Gobierno, Miguel Angel Iturrieta.

Curiosamente, el instrumento fue decretado cuando el comisario general Rubén Oscar Gabriel estaba a cargo de la Jefatura de Policía de Misiones, que ejerció hasta el final del segundo mandato de su amigo incondicional, Carlos Rovira.

De esta manera, el Tribunal respondió a los reiterados planteos de la defensa del ex médico policial Guillermo Roque Mendoza, el abogado César Ortellado, quien desde hace tiempo viene denunciando que la quema de esa documentación afecta los intereses de su cliente.

El lunes último, el mismo Tribunal rechazó el pedido de audiencia solicitado por los integrantes de la Comisión de Seguimiento de los Juicios por la Verdad de la Cámara de Diputados de Misiones, por considerarlo “inusual e improcedente” y remarcó que “el que solicita es el Poder legislativo y este es otro poder el Estado, y este es un proceso judicial”, según resumió el presidente del Tribunal, el juez Rubén Quiñones.

Tanto la querella como los abogados defensores remarcaron que el Tribunal resolvió acorde a la independencia de poderes y remarcaron que “es una muestra más de que las garantías constitucionales del debido proceso están resguardadas”.

Con las declaraciones del escribano Miguel Angel Alterach, ex gobernador de la provincia; de su ex ministro Mario Ovando; del ex senador Eduardo Enrique Torres y el abogado Ramón Glinka, y las declaraciones indagatorias de los imputados Julio Argentino Amarilla y Carlos Omar Pombo –dos policías que declararon por primera vez-, más las ampliatorias prestadas por Felipe Nicolás Gimenez y el ex médico policial Guillermo Roque Mendoza, concluyo el martes último la etapa de recepción de prueba.

Carlos Omar Herrero, el quinto imputado anticipó que recién hablará al final del proceso judicial. Los alegatos de este cuarto juicio de lesa humanidad que investiga el accionar efectivos de la policía de la provincia que cumplieron funciones en la Jefatura y el Departamento de Informaciones se escucharan el día 2 de julio. La sentencia se espera para el día siguiente, el 3 de julio.

El Decreto de la quema:

El Decreto 897/2005 de Rovira sobrevoló varias veces la Sala del Tribunal Federal posadeño de la calle Félix de Azara 2170, donde los jueces subrogantes Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte, de la Justicia federal de Formosa, y Norberto Rubén Giménez, de Resistencia, escuchan los más de 120 testimonios programados, para un juicio que demandó varias audiencias.

No es para menos. El Decreto de Rovira, para mucho de los asistentes, y para los abogados defensores de los policías enjuiciados, denota una connotación exclusivamente política.

“Ese decreto apunta a favorecer a un sector de la Plana Mayor de la Policía de Misiones de aquel entonces, que los mismos, a pesar de estar vivos a la fecha, no han sido citados a declarar o bien ser llamados al juicio para que aporten sus testimonios a contribuir con el valor de la verdad, la memoria y el nunca más”, enfatizó César Edgardo Ortellado, abogado defensor del médico Mendoza.

La sospecha de Ortellado, sobre la supuesta “mano de impunidad” que habría ejercido Rovira, ordenando la quema de los archivos policiales, se recuesta en un análisis de situación que salpica al ex Jefe Gabriel.

Amigo de Mendoza reveló que el médico examinaba a torturados

Juan Carlos Gualpa, colega y amigo del ex médico de la Policía, relató que Roque Mendoza le contó que examinaba a los presos políticos para ver “hasta cuánto aguantaban una tortura” con picana eléctrica.
Juan Carlos Gualpa, colega y amigo del ex médico de la Policía de Misiones durante la dictadura, relató que Roque Mendoza le contó que sus superiores “lo obligaban a examinar a los presos políticos para ver hasta cuánto aguantaban una tortura” con picana eléctrica. El profesional fue citado por la propia defensa del entonces jefe del área de Sanidad Policial, en la continuidad del cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Jefatura de Policía de Misiones.

Cuando parecía que la jornada iba a cerrar con pocos elementos aportados por declaraciones testimoniales, casi en su totalidad de médicos citados por la defensa del acusado Roque Mendoza, un testigo sorprendió al recinto al relatar una confidencia que le había expresado el imputado, con el que mantiene una relación de amistad.

Roque Mendoza es uno de los cinco ex policías acusados, por vejámenes y tormentos cometidos en Jefatura, junto a Felipe Giménez, Carlos Herrero, Julio Amarilla y Carlos Pombo. Los jueces Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte y Norberto Rubén Giménez, investigan crímenes en tres centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia durante el último gobierno de facto.

El último en comparecer ayer ante el tribunal Federal, fue el médico cirujano Juan Carlos Guelpa, quien narró que ya en democracia, Roque Mendoza le confesó que sus superiores de la Policía “lo obligaban a examinar a presos políticos para ver hasta cuánto aguantaban una tortura” con picana eléctrica.

El profesional, que se desempeña en el hospital de Fátima, manifestó que mantiene además una relación de amistad con Mendoza, desde la época en que ambos eran estudiantes universitarios en Córdoba.

El jefe del Comité de Bioética del Hospital Madariaga, José Zinovich fue el primer testigo en declarar, por parte de los citados por el abogado César Ortellado, defensor de Mendoza.

El acusado exhibió tarjetas personales de médicos que supuestamente se desempeñaron ad honorem durante el gobierno de facto, y su abogado expuso que entre ellos figuraba el de José Zinovich.

El funcionario negó haber pertenecido a la fuerza y añadió que en el período comprendido entre los años 1976 y 1979 se desempeñó en la Municipalidad de Posadas. Sí admitió haber conocido circunstancialmente a Mendoza.

La estrategia del abogado defensor César Ortellado también incluyó al doctor Manuel Ramos Matiauda, quien manifestó que trabajó junto al imputado dentro de sanidad policial.

El testigo relató que su función se limitaba a las guardias de ingreso de pacientes de emergencia y al control por ausentismo. El testigo ratificó que Sanidad Policial funcionó inicialmente en la Seccional Primera y luego la dependencia fue trasladada al edificio de Jefatura de Policía, sobre Santiago del Estero y Félix de Azara.

“Las autopsias en ese entonces estaban a cargo de Sanidad Policial”, reveló el actual médico judicial de Eldorado, Ramón Luis Rodríguez.

Rodríguez prestó sus servicios en la fuerza entre 1981 y 1996. El galeno precisó que se encargaba del control de ausentismo y estaba en la junta médica.

Sobre el perfil, estrictamente profesional de Mendoza tras la dictadura, amplió el médico Roberto Zarjanovich quien ingresó a la Policía en 1986 y actualmente sigue en la fuerza con el grado de comisario. “Él era el jefe”, selló.

(fuente :  http://colectivoepprosario.blogspot.com.es)

“En 1984 denuncié las torturas y ahora se está comprobando todo”

Lo dijo Graciela Franzen, en el juicio a cuatro policías y un médico acusados de secuestros y torturas durante la dictadura en Misiones. “Todos pueden ver cuál es la verdad”, aseguró

Hace 36 años fue secuestrada y torturada por ser parte de la Juventud Peronista. En Misiones su nombre se escuchó mucho, principalmente desde 1984, cuando ella realizó la denuncia que nunca prosperó por la Ley de Obediencia Debida y Punto Final. Se trata de María Graciela Franzen, quien está siguiendo de cerca el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Misiones, que se realiza con jueces subrogantes de Formosa y Chaco en el Juzgado Federal.
Franzen, luego de tantos años de lucha, asegura que está observando cómo todo lo que sufrió y denunció, se está mostrando en el debate. No sólo el mecanismo perverso de secuestro y torturas, sino también la actuación de los médicos policiales que, según dijo un testigo que asombró a todos, Juan Gualpa, uno de ellos “decía si los detenidos aguantaban o no más torturas”.
Fue esta declaración la que más descomprimió la carga de Franzen y también de las querellas, porque más allá de tratarse de un “comentario” que Gualpa aseguró que el médico acusado, Guillermo Mendoza, le hizo en 1994.
Mendoza, en su defensa, dijo ayer que le salvó la vida a Gualpa, al “hablar” con sus superiores para que lo liberen cuando estuvo detenido por armas que eran de su propiedad, denotando el poder que tenía en esa época. Y aseguró que la conversación mencionada por Gualpa, nunca existió.

El caso 22
En el cuarto juicio se ventilan las privaciones ilegítimas de la libertad agravada y la aplicación de tormentos agravados a 62 personas. Los acusados son Carlos Omar Herrero (86), Felipe Nicolás Giménez (75), Guillermo Roque Mendoza (66), Julio Argentino Amarilla (65) y Carlos Alberto Pombo (63).
El caso 22 de este debate es el de Graciela Franzen, actual secretaria de Derechos Humanos de la CTA Misiones y representa a la Asociación Civil Por los Derechos y la Memoria de Misiones. Los que están acusados de privarla ilegítimamente de la libertad y de aplicarle tormentos son Herrero, Giménez y Amarilla. Mientras que el médico Mendoza está acusado (también en el caso 19 de Ricardo Escobar y en el 52 de Hugo Salinas) por privación ilegal de la libertad con abuso funcional o sin las formalidades legales, múltiplemente agravada por su comisión con violencias o amenazas y por haberse prolongado durante más de un mes.

 
El resumen del caso de Franzen indica que fue secuestrada el 19 de mayo de 1976 por un grupo de personas pertenecientes a las fuerzas conjuntas, quienes luego de vendarle los ojos la llevaron hasta un lugar cercano en el centro de la ciudad, donde cargaron elementos metálicos y, retomando el viaje salieron a la ruta, atravesando un camino de tierra. Cuando detuvieron la marcha del vehículo la hicieron descender y la arrojaron al pasto, en donde luego de desnudarla le aplicaron picana eléctrica. En las cercanías sintió el ruido de aviones, antes de entrar en un estado de semiconciencia.
Posteriormente regresaron a la zona urbana de Posadas pudiendo situarse la víctima en la calle Buenos Aires entre Santiago del Estero y Tucumán, ya que en un momento alcanzó a correrse la venda de sus ojos.

 
Allí fue nuevamente sometida a la tortura mediante la picana eléctrica y violada en reiteradas oportunidades por cinco hombres o más, pudiendo reconocer como autores de aquellos abusos al entonces oficial Juan Carlos Ríos y al suboficial Miguel Ángel Silvero. Según dijo, allí la asistió médicamente Guillermo Mendoza. Además alcanzó a individualizar como torturadores al oficial Giménez, entre otros que sindicó. 

 
Desde allí fue trasladada a la Alcaidía de Mujeres, donde fue atendida nuevamente por el médico Guillermo Mendoza, ya que se encontraba en muy malas condiciones físicas. Transcurrido un mes aproximadamente fue regresada al Departamento de Informaciones donde el oficial Ríos luego de manosearla y golpearla, le comunicó su puesta a disposición del PEN.
Estando en la Alcaidía de Mujeres, el 26 de julio de 1976 la trasladaron, encapuchada, vendada y esposada a la cárcel de Villa Devoto, donde permaneció dos años y un mes hasta que se exilió del país.

La búsqueda de la verdad
Siguiendo el debate de cerca, al igual que la investigación que se reactivó hace unos siete años, Graciela Franzen se sienta entre el público y lleva el apunte de todo lo que dicen los testigos e imputados.
A pesar de la tensión de los primeros días, con el correr de las audiencias se muestra más aliviada y hasta llegó a contar a El Territorio: “Me acuerdo que cuando Fernando Cantelli -ahora querellante en la causa- se recibió de abogado, nos reuníamos en la Comisión de Víctimas y soñábamos con que se haga justicia, con este momento, y ahora podemos verlo”.
Y agregó que “Es muy bueno que podamos ver el proceso y la paciencia que tiene el Tribunal a los abogados defensores, suspendiendo audiencias y esperando a los testigos de parte, ojalá a nosotros nos hubieran tenido algo de paciencia”.
Además, recordó los momentos más difíciles: “Una cosa es cuando te torturan a vos, pero cuando escuchabas a los otros era tremendo, la tortura psicológica era lo peor en los centros de detención”.
“Tus padres tendrían que darte la protección pero en ese momento no te protegía nadie”, agregó para ilustrar la exposición de ella y de su familia, ya que dos de sus hermanos y muchos de sus conocidos también fueron víctimas de la dictadura.
“En 1984 yo hice la denuncia en el juzgado de Posadas. Se comenzó la investigación e hicieron un expediente de 700  hojas que quedó ahí en nada porque salió la Ley de Obediencia Debida y Punto Final. Pero todo lo que denuncié ahí y lo que denuncié también ahora, se está viendo en el juicio. La verdad está saliendo a la luz”, aseguró Graciela con una sonrisa, como sacándose una gran carga de encima.

El médico Mendoza negó haber hablado con Gualpa

El miércoles por la tarde declaró el médico Juan Gualpa, quien conocía a su colega Guillermo Mendoza de la Facultad de Medicina y porque el ahora acusado, una vez que cayó preso en la dictadura, lo ayudó a superar una detención  con los militares. De esta manera contó, al ser preguntado por Ortellado sobre las actividades de Mendoza en Sanidad Policial, que en el verano de 1984, cuya fecha exacta no sabía precisar, Mendoza fue a visitarlo a su casa y estuvo cerca de una semana junto a su familia.
Dijo que le preguntó a Mendoza por qué se fue de Sanidad Policial, y él le comentó que porque entre otras actividades “él les decía hasta cuánto aguantaban los torturados”. Asimismo, Gualpa aseguró que entendió, por cómo comentó el tema Mendoza, “que lo obligaban a hacerlo”.

 
En ese sentido, fue repreguntado por Ortellado sobre si se trataba de prácticas médicas y él dijo que sí, pero no era una revisión general, sino como un examen de signos vitales “para ver si aguanta o no. Pero a veces él le decía que no aguantaban más pero igual seguían con las torturas”.
Estos dichos generaron una reacción inmediata en Mendoza, quien quería hablar ante el Tribunal el mismo miércoles. Pero sus dichos fueron escuchados ayer por la mañana. En su descargo, Mendoza aseguró que él le salvó a Gualpa de seguir detenido durante el golpe militar, porque su compañero de estudios había caído preso por armas que eran de su propiedad y que fueron encontradas en poder de otras personas, algo considerado muy grave para las Fuerzas Armadas en ese tiempo.

 
Además negó categóricamente haber tenido tal conversación en 1984 con Gualpa y menos aún haber ido de visita una semana a la casa de éste en San Vicente, aduciendo que no era de ir de visita a otras casas con su familia.
Según describió Mendoza, la esposa de Gualpa fue a hablar con él cuando su colega fue detenido y entonces él personalmente fue a hablar con el juez federal Magno Pérez para que lo liberen, algo que ocurrió al poco tiempo.
Sobre esta declaración, el querellante Héctor Rafael Pereyra Pigerl, que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, consideró que la misma denota “un amplio poder” durante la dictadura, lo que a su entender puede “complicar aún más su situación”.