El ex jefe de Inteligencia de la Policía hizo la lista de personas a perseguir en 1975. Y lo acusan de secuestrar y torturar a algunos. Ayer fue la segunda jornada del juicio donde se juzga a cinco acusados por 60 casos de delitos de lesa humanidad
Era el encargado del área de Inteligencia de la Policía de Misiones y, como tal, antes del Golpe hizo los informes sobre quiénes debían ser perseguidos y castigados por ser “subversivos”. Ayer, en el juicio oral en el Tribunal Federal por unos 60 casos donde el Ejército y la Policía cometieron delitos de lesa humanidad en la última dictadura, Felipe Nicolás Giménez, comisario inspector retirado, aceptó haber realizado esas listas y después dijo que todos fueron obligados por un conocido decreto firmado por el exgobernador Alterach donde quedaban bajo las órdenes del Ejército Argentino, para perseguir y castigar a los acusados en lo que, para Giménez, fue y sigue siendo “una guerra que ahora se trasladó a la Justicia”.
Y no dudó en denunciar a los funcionarios actuales que impulsaron los juicios a los responsables de delitos de lesa humanidad, por “financiar declaraciones falsas” e inculparlo así de estos casos. Asimismo apeló a la “teoría de los dos demonios” y se quejó de que hayan derogado la Ley de Obediencia Debida. Por otra parte, el médico Guillermo Mendoza volvió a declarar y, entre otros puntos, ofreció una lista de nombres de médicos que trabajaron esporádicamente junto a él en el tiempo de la dictadura y dijo que, muchos de ellos, se fueron al regresar la democracia pero que él se quedó y por eso lo sindican y lo estigmatizan.
El jefe de Inteligencia
Si de cerebro y de brazo ejecutor de represión contra los jóvenes se habla, el nombre del comisario inspector Felipe Nicolás Giménez está en la cabeza de la lista, ya que al momento del golpe era el jefe de Inteligencia de la Policía de Misiones y la mano derecha del jefe de la Policía de Misiones.
Él fue quien en 1974-75 confeccionó a pedido del entonces jefe de la Policía de Misiones, las listas de los “subversivos” a quien el Ejército debía perseguir y castigar y luego fue en parte encargado de ejecutar gran parte de ese plan de exterminación, por lo que hoy llega al banquillo de los acusados por más de 40 de los 60 casos que se ventilan en este cuarto juicio oral por delitos de lesa humanidad en Misiones.
Y en el debate aceptó haber realizado los informes sobre subversivos, entre los que están muchas personas que fueron víctimas de la dictadura con secuestros, persecuciones, torturas y hasta desaparecieron, aunque sólo de algunos de esos casos se lo acusa en este juicio.
Su accionar juzgado es por “privación ilegal de la libertad con abuso funcional o sin las formalidades legales múltiplemente agravada por su comisión con violencias o amenazas y por haberse prolongado durante más de un mes” y además por “Imposición de tormentos a los presos que guarde agravada por la condición de perseguidos o perseguidas políticas de las víctimas”.
Más allá de descalificar los dichos de víctimas como Graciela Franzen, Ricardo Coutouné y de algunos policías como Viana y Araujo, quienes complican la situación procesal en cuando a su accionar durante la dictadura, Giménez dejó
bien en claro que aún está convencido de que se trató “de una guerra” y que “la guerra revolucionaria sigue hasta hoy”.
Según dijo, él como integrante de la Policía de Misiones cumplió la orden dada por el militar retirado y por entonces gobernador de Misiones, Miguel Ángel Alterach, firmado el 13 de diciembre de 1975, donde ponía a las Fuerzas Armadas a cargo de la fuerza provincial.
A su vez, aseguró que las fuerzas cumplían con la Ley 2076, la que “obligó a las Fuerzas Armadas a la aniquilación de los subversivos”.
Además dijo Giménez que a pesar del alto puesto que ocupaba, se considera hoy en día un “chivo expiatorio”, por lo que además denunció a los funcionarios provinciales y nacionales por lo que llamó “ancianicidio”, un plan armado para aniquilar a los ancianos como él y como Ríos, quien murió antes de llegar a este juicio, utilizando los recursos del Estado “para financiar declaraciones falsas” y armar causas.
Además de aportar ciertas documentales que servirían para su defensa, Giménez pidió que se adjunte a la causa el nombre de todos los diputados que entre 1975-76 acompañaron a Alterach en firmar el decreto mencionado que lo obligó a actuar bajo las órdenes de las Fuerzas Armadas. El Tribunal, conformado por los jueces subrogantes Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte de la Justicia Federal de Formosa y Norberto Rubén Giménez, de Resistencia, tomó nota de sus declaraciones, de sus pedidos y pasó a deliberar en cuanto a los demás acusados.
Los otros acusados
El ex policía Julio Argentino Amarilla (65), acusado en más de 40 casos, manifestó que se remite a una declaración que hizo durante la etapa de instrucción. Y Carlos Omar Herrero (86), que era jefe de la Policía de Misiones en 1976 y está acusado de unos 40 hechos, y el ex policía Carlos Alberto Pombo (63), involucrado en unos diez hechos, manifestaron que posiblemente declararán en otra etapa del juicio.
Volvió Mendoza
El médico de sanidad policial Guillermo Roque Mendoza (66), que está acusado de tres hechos, decidió volver a hablar. En la primera jornada se desvinculó de los tres casos, dijo que nunca atendió a esas personas y que no era el encargado de hacer torturas y menos de revisar si los presos “aguantaban” los castigos.
Ayer volvió a reiterar cómo era su rutina de trabajo, en la que tuvo hasta tres trabajos, y dijo que en sanidad policial trabajaron muchísimos médicos, algunos de ellos ya fallecidos.
El hombre aportó la lista de muchos médicos que desde el 76 hasta el 83 trabajaron con él, “muchos de los que cuando volvió la Democracia huyeron a otros países, pero yo me quedé porque no tengo nada que ocultar”. Además criticó el libro de Balero Torres, “Cosechas de Injusticias”, donde él contó que por medio de una secretaria y vecina de Torres, aportó algunos datos históricos, principalmente vinculados al día en que revisó tres cadáveres masacrados, entre ellos el de Enrique Peczak.
“Los datos que yo le di fueron tergiversados en el libro”, denunció, y aseguró que se sorprendió cuando supo que lo que él había narrado cambió para transformarlo en partícipe de la matanza y en el encubrimiento de los crímenes.
Faltan 100 testigos
Era el encargado del área de Inteligencia de la Policía de Misiones y, como tal, antes del Golpe hizo los informes sobre quiénes debían ser perseguidos y castigados por ser “subversivos”. Ayer, en el juicio oral en el Tribunal Federal por unos 60 casos donde el Ejército y la Policía cometieron delitos de lesa humanidad en la última dictadura, Felipe Nicolás Giménez, comisario inspector retirado, aceptó haber realizado esas listas y después dijo que todos fueron obligados por un conocido decreto firmado por el exgobernador Alterach donde quedaban bajo las órdenes del Ejército Argentino, para perseguir y castigar a los acusados en lo que, para Giménez, fue y sigue siendo “una guerra que ahora se trasladó a la Justicia”.
Y no dudó en denunciar a los funcionarios actuales que impulsaron los juicios a los responsables de delitos de lesa humanidad, por “financiar declaraciones falsas” e inculparlo así de estos casos. Asimismo apeló a la “teoría de los dos demonios” y se quejó de que hayan derogado la Ley de Obediencia Debida. Por otra parte, el médico Guillermo Mendoza volvió a declarar y, entre otros puntos, ofreció una lista de nombres de médicos que trabajaron esporádicamente junto a él en el tiempo de la dictadura y dijo que, muchos de ellos, se fueron al regresar la democracia pero que él se quedó y por eso lo sindican y lo estigmatizan.
El jefe de Inteligencia
Si de cerebro y de brazo ejecutor de represión contra los jóvenes se habla, el nombre del comisario inspector Felipe Nicolás Giménez está en la cabeza de la lista, ya que al momento del golpe era el jefe de Inteligencia de la Policía de Misiones y la mano derecha del jefe de la Policía de Misiones.
Él fue quien en 1974-75 confeccionó a pedido del entonces jefe de la Policía de Misiones, las listas de los “subversivos” a quien el Ejército debía perseguir y castigar y luego fue en parte encargado de ejecutar gran parte de ese plan de exterminación, por lo que hoy llega al banquillo de los acusados por más de 40 de los 60 casos que se ventilan en este cuarto juicio oral por delitos de lesa humanidad en Misiones.
Y en el debate aceptó haber realizado los informes sobre subversivos, entre los que están muchas personas que fueron víctimas de la dictadura con secuestros, persecuciones, torturas y hasta desaparecieron, aunque sólo de algunos de esos casos se lo acusa en este juicio.
Su accionar juzgado es por “privación ilegal de la libertad con abuso funcional o sin las formalidades legales múltiplemente agravada por su comisión con violencias o amenazas y por haberse prolongado durante más de un mes” y además por “Imposición de tormentos a los presos que guarde agravada por la condición de perseguidos o perseguidas políticas de las víctimas”.
Más allá de descalificar los dichos de víctimas como Graciela Franzen, Ricardo Coutouné y de algunos policías como Viana y Araujo, quienes complican la situación procesal en cuando a su accionar durante la dictadura, Giménez dejó
bien en claro que aún está convencido de que se trató “de una guerra” y que “la guerra revolucionaria sigue hasta hoy”.
Según dijo, él como integrante de la Policía de Misiones cumplió la orden dada por el militar retirado y por entonces gobernador de Misiones, Miguel Ángel Alterach, firmado el 13 de diciembre de 1975, donde ponía a las Fuerzas Armadas a cargo de la fuerza provincial.
A su vez, aseguró que las fuerzas cumplían con la Ley 2076, la que “obligó a las Fuerzas Armadas a la aniquilación de los subversivos”.
Además dijo Giménez que a pesar del alto puesto que ocupaba, se considera hoy en día un “chivo expiatorio”, por lo que además denunció a los funcionarios provinciales y nacionales por lo que llamó “ancianicidio”, un plan armado para aniquilar a los ancianos como él y como Ríos, quien murió antes de llegar a este juicio, utilizando los recursos del Estado “para financiar declaraciones falsas” y armar causas.
Además de aportar ciertas documentales que servirían para su defensa, Giménez pidió que se adjunte a la causa el nombre de todos los diputados que entre 1975-76 acompañaron a Alterach en firmar el decreto mencionado que lo obligó a actuar bajo las órdenes de las Fuerzas Armadas. El Tribunal, conformado por los jueces subrogantes Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte de la Justicia Federal de Formosa y Norberto Rubén Giménez, de Resistencia, tomó nota de sus declaraciones, de sus pedidos y pasó a deliberar en cuanto a los demás acusados.
Los otros acusados
El ex policía Julio Argentino Amarilla (65), acusado en más de 40 casos, manifestó que se remite a una declaración que hizo durante la etapa de instrucción. Y Carlos Omar Herrero (86), que era jefe de la Policía de Misiones en 1976 y está acusado de unos 40 hechos, y el ex policía Carlos Alberto Pombo (63), involucrado en unos diez hechos, manifestaron que posiblemente declararán en otra etapa del juicio.
Volvió Mendoza
El médico de sanidad policial Guillermo Roque Mendoza (66), que está acusado de tres hechos, decidió volver a hablar. En la primera jornada se desvinculó de los tres casos, dijo que nunca atendió a esas personas y que no era el encargado de hacer torturas y menos de revisar si los presos “aguantaban” los castigos.
Ayer volvió a reiterar cómo era su rutina de trabajo, en la que tuvo hasta tres trabajos, y dijo que en sanidad policial trabajaron muchísimos médicos, algunos de ellos ya fallecidos.
El hombre aportó la lista de muchos médicos que desde el 76 hasta el 83 trabajaron con él, “muchos de los que cuando volvió la Democracia huyeron a otros países, pero yo me quedé porque no tengo nada que ocultar”. Además criticó el libro de Balero Torres, “Cosechas de Injusticias”, donde él contó que por medio de una secretaria y vecina de Torres, aportó algunos datos históricos, principalmente vinculados al día en que revisó tres cadáveres masacrados, entre ellos el de Enrique Peczak.
“Los datos que yo le di fueron tergiversados en el libro”, denunció, y aseguró que se sorprendió cuando supo que lo que él había narrado cambió para transformarlo en partícipe de la matanza y en el encubrimiento de los crímenes.
Faltan 100 testigos
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